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El nuevo Consell prepara ya una nueva ley para vaciar la Diputación y pide apoyo a Ciudadanos

El presidente de la Generalitat desvela que los socios del Botànic utilizarán la fórmula de elaborar una nueva norma legal para atar en corto a las instituciones provinciales

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante su intervención de ayer en las Cortes. efe

Cuando arrancó la pasada legislatura, en una de sus primeras decisiones, el Consell lanzó dos decretos amparados en la vieja ley de diputaciones de 1987 para, en la práctica, atar en corto a la Diputación de Alicante, la única gran institución junto a la de Castellón que permanecía en manos del PP. Aquellos decretos, en matería turística y deportiva, acabaron «tumbados» por un recurso judicial que impulso la Diputación con César Sánchez a la cabeza con la advertencia, además, de que solo podrían entrar en vigor con una nueva ley, como se plantea. Ahora, la corporación provincial de Castellón ya está también en manos de la izquierda y Alicante será la única de las tres diputaciones que se quedará para el PP con el respaldo, en esta ocasión, de Ciudadanos. Pero el nuevo Consell volverá a la carga para «controlar» a la corporación provincial alicantina, un quebradero de cabeza para Puig durante su primer mandato y verdadero ariete de la oposición política del PP.

El Botànic II ha incluido en su acuerdo programático avanzar en el vaciado de las diputaciones provinciales. Está en el acuerdo firmado en Alicante. Será a través de una nueva ley de coordinación, como Ximo Puig subrayó en su réplica a Toni Cantó, a quien pidió su colaboración para sacarla adelante. La respuesta de Cantó no fue contundente y dejó en el aire su respaldo, si bien la eliminación de las corporaciones provinciales está incluido en el programa de Ciudadanos a pesar de que, por ejemplo, en Alicante van a gobernar con el PP. «En este tema, su programa se parece mucho más al nuestro», tentó el jefe del Consell al líder de los naranjas para sondear su respaldo. Puig habló de la necesidad de que las corporaciones provinciales se centren en dar servicios a los municipios. En 2015 formó parte del acuerdo avanzar en el adelgazamiento de la Diputación, pero en 2019 la propuesta se eleva a rango de ley después de que en la recta final de la legislatura quedaran en el aire todos los intentos de Podemos para evitar darle más munición al PP. En concreto, se trata de la ley de coordinación de las administraciones públicas valencianas «para aclarar el reparto competencial y la asignación de fondos necesarios [...] para eliminar duplicidades».

Además, conscientes del blindaje constitucional que tienen estas instituciones, añaden en el acuerdo de programa que se modifique la normativa estatal para que las autonomías puedan «regular su organización territorial que perita sustituir las diputaciones por otras corporaciones». La ley propuesta por Puig cogería el relevo de la que presentó Podemos en octubre y que no llegó a tramitarse. Ayer, Rubén Martínez Dalmau insistió en acabar con los «nidos de corrupción». Lo dijo claro: «Las fuerzas progresistas no han logrado ponerse de acuerdo». La ley incluía las propuestas que Compromís y PSPV tenían en la misma materia. Sin embargo, los socialistas tenían una iniciativa propia. Con la ley de gobierno locales, querían reducir el poder de las corporaciones a la asistencia en servicios básicos a los municipios menores de 20.000 habitantes, los más pequeños, con lo que la Diputación perdería gran parte de su papel político.

Aunque la comisión de seguimiento del Botànic dio prioridad a esta cuestión en octubre, no hubo un impulso suficiente por parte de los grupos. Podemos reclamó el apoyo a su ley y solicitó tramitarla por la vía de urgencia para que diera tiempo a ponerla en marcha, pero sus socios prefirieron mantenerla en la vía ordinaria. Papeleta compñlicada la que se puede encontra Carlos Mazón una vez que llegue a su nuevo puesto en la Diputación.

Dalmau dejará el escaño para centrarse en la vicepresidencia

Podemos tendrá que decidir en breve el relevo como síndic de Rubén Martínez Dalmau. El futuro vicepresidente segundo de la Generalitat tiene decidido dejar el escaño, por lo que el grupo se enfrenta al reto de consensuar el nombre del futuro síndic. Le sustituirá la alcoyana Naiara Davó. Por el acuerdo previo a las elecciones, el cargo de portavoz parlamentario corresponde a Podemos. Así que una de las primeras papeletas de los parlamentarios morados será tener que elegir un portavoz.

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