El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido suspender los cuatro años de cárcel a los que condenó al ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, por delito electoral y falsedad documental. La pena de prisión se conmuta por una multa de 192.000 euros (a pagar en cuatro años) y un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Se trata de una «concesión excepcional» que persigue «fomentar la colaboración con la Fiscalía y con la Administración de Justicia para atajar la lacra de la denominada corrupción política o de los políticos», señala el magistrado José María Vázquez Honrubia, que firma el auto que deja en libertad al exnumero dos del PP regional durante años.

Los hechos por los que fue condenado Costa «son graves», asegura el magistrado en referencia a los tres delitos electorales y la falsedad documental a los que fue condenado el ex secretario general del PP en la Comunidad, «porque afectaron a intereses generales proyectados hacia terceros, tan esenciales en democracia como las elecciones generales, locales y autonómicas».

Sin embargo, la Audiencia Nacional tiene en cuenta que «no hay vestigio alguno de enriquecimiento personal o ánimo de lucro propio». Y, además, también tiene en cuenta que «ha sido delincuente primario u ocasional» y «ha abandonado toda dedicación política y ha reordenado su actividad hacia el ámbito puramente privado».

Además, a parte de su confesión, el magistrado Vázquez Honrubia destaca que Costa «ha seguido colaborando con la Fiscalía y órganos judiciales en «procedimientos de análoga significación delictiva (caso Fórmula 1, caso Valmor, caso Imelsa)» además de prestar declaración en la causa de los papeles de Bárcenas, «permitiendo reordenar y ampliar la investigación» sobre la presunta caja B del PP. Su declaración también ha sido determinante en la pieza de la Gürtel que investiga los contratos menores de la Generalitat con Orange Market y que ha permitido a la Fiscalía Anticorrupción ampliar la investigación al expresidente Francisco Camps, la presunta «x» de la trama que permitió al Partido Popular concurrir a las elecciones de 2007 y 2008 «dopado», gracias a la financiación ilegal de una decena de contratistas de obra pública.

«Una eficacísima colaboración trascendente, activa significativa y valiosa para la justicia», concluye el magistrado en el mismo auto judicial.