La presunta «X» que permitió a la trama Gürtel campar a sus anchas durante cinco años en la Comunidad ya tiene su propia pieza separada en esta macrocausa judicial que se investiga desde hace diez años. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata comunicó ayer el procesamiento del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en esta nueva pieza bautizada como «València 5-Camps-Grandes eventos». El titular del Juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional ve indicios suficientes para procesar al exjefe del Consell por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración. Y centra las pesquisas en el único contrato investigado en esta causa que aún no ha prescrito, según su criterio: la adjudicación desde Presidencia de la Generalitat del «stand de grandes eventos» para la edición de 2009 de Fitur, que se adjudicó directamente a la trama Gürtel, como sucedía desde 2004 (por estos últimos hechos cumple nueve años de cárcel la exconsellera Milagrosa Martínez).

De hecho, el juez De la Mata sospecha que esta última adjudicación directa por parte de la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars (investigada en la causa) y que dependía de Presidencia se hizo para compensar la deuda de 800.000 euros que el PP tenía con Orange Market desde la campaña electoral de 2007. Para apuntalar esta acusación, el juez de la Audiencia Nacional volvió a citar a declarar a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, también investigados en esta causa, y al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, como testigo.

A partir de estas declaraciones y también de extrabajadoras de Orange Market, el magistrado José de la Mata concluye que existen «un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, participó en el direccionamiento del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el PP de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market».

El magistrado De la Mata admite en el auto que «es cierto, como indica Camps Ortiz en su declaración, que no existen documentos que acrediten fehacientemente instrucciones [a Dora Ibars], ni tampoco conversaciones telefónicas, correos electrónicos o mensajes entre Francisco Camps y Dora Ibars. O entre ésta y las colaboradoras directas del presidente, Paula Sánchez de León y Nuria Romeral». Pero para el juez, «esto no significa, como pretende [Camps] que no haya quedado acreditado en la causa que Camps no proporcionara tales instrucciones directas e interviniera en el direccionamiento del contrato [de Fitur 2009] a favor de Orange Market».

El magistrado de la Audiencia Nacional llega a estas declaraciones tras escuchar los testimonios, sobre todo, de las extrabajadoras de Orange Market, Isabel Jordán y Mónica Magariños, quienes dieron detalles la estrecha amistad de Camps con Álvaro Pérez «El Bigotes» que el expresidente negó, como un San Pedro, en su declaración en la Audiencia Nacional.

Por su parte, el propio Camps negó todas las acusaciones y las atribuyó a «una creación» orquestada «desde la izquierda», ya que se «creó un relato y no pueden romperlo» porque interesa para mantenerle alejado de la política y al PP, su partido, señalado por corrupto.

La pieza de los contratos Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias.

Por un lado, la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de València por las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI; y la del Juzgado de Instrucción 17, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito urbano de la F-1 por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) de la Generalitat Valenciana.