04 de junio de 2019
04.06.2019

La Audiencia de València también tumba el intento del expresidente Zaplana de anular el caso Erial

Respalda la actuación de Anticorrupción, la UCO y la jueza tras hallar documentos incriminatorios en el despacho del abogado del «yonki del dinero»

04.06.2019 | 00:17

El misil de crucero de largo alcance que Eduardo Zaplana lanzó a la línea de flotación del caso Erial, para intentar anularlo y hundirlo, se ha quedado en un simple «masclet». Ruidoso y contundente, pero sin más consecuencias. La sección quinta de la Audiencia Provincial de València ha desestimado el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat contra el auto con el que arrancó la macrocausa judicial que investiga al también exministro y su círculo más cercano de confianza.

La defensa de Zaplana atacó el origen de la investigación que lo mantuvo diez meses en prisión y alegó la «ilicitud de la incautación de los documentos» hallados en el despacho del abogado del «yonki del dinero», Marcos Benavent, «no amparada por un auto de autorización judicial» y seguida por una «completa investigación prospectiva sin cobertura jurídica».

El «enemigo a batir» con este recurso «Tomahawk» era la «hoja de ruta» del supuesto amaño de la adjudicación del Plan Eólico encontrada en el despacho del abogado de Marcos Benavent (a quien se lo dio un ciudadano sirio que vivió en la casa que ocupó el expresidente en la Plaza de la Legión Española). Pero el letrado del expresidente del Consell alegaba que no tenía nada que ver con la documentación del caso Imelsa o la empresa Berceo Mantenimientos, que era el objetivo del registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, autorizado el 29 de mayo de 2015. Un registro en el que no se constató en ningún acta «el hallazgo casual que obligara a ampliar la autorización de entrada y registro», alegaba la defensa del exjefe del Consell que atribuía a «la tarea de 'cocina' realizada por la UCO durante casi seis meses» las conclusiones a las que llegaban los investigadores del caso Erial.

Sin embargo, los magistrados de la sección quinta de la Audiencia Provincial frenan este intento de tumbar todo el caso. «No comparte la sala tal valoración, pues durante la diligencia de entrada y registro resulta imposible un análisis exhaustivo de la documentación que se incauta y, sólo tras su ordenación, clasificación y análisis es posible determinar el posible alcance de los datos que reflejan tales documentos», señala la ponente del auto y magistrada de la sección quinta de la Audiencia de València, Esther Rojo.

Sobre los seis meses que mediaron entre el hallazgo causal de la «hoja de ruta» en el despacho del abogado del yonki del dinero y el inicio de la investigación del caso Erial, los magistrados señalan que «en modo alguno puede entenderse pues que el tiempo transcurrido excede de lo razonable, máxime teniendo en cuenta la ingente documentación incautada y la complejidad de la investigación. Sin olvidar que el registro [en el despacho del letrado de Benavent] se verificó bajo el auto habilitante del Juzgado de Instrucción competente».

La defensa de Zaplana, junto a las de su secretaria Mitsouko Henríquez, su presunto testaferro Francisco Grau Jornet, y los hermanos Suanzes, también intentaron tumbar los autos en los que se autorizaron la instalación de «chicharras» (micrófonos en argot policial) en las reuniones que Zaplana mantuvo con varios de sus testaferros. Pero los magistrados de la sección quinta avalan los autos de la jueza de Instrucción 8 que autorizaron estas escuchas. «Frente a lo manifestado en los recursos, se concretan personas y lugares, no adoleciendo de indefinición las reuniones objeto de investigación y, por ende, de captación y grabación» por lo que «no aprecia la sala vulneración alguna de derechos y libertades de los investigados, por lo que debe rechazarse la nulidad».

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