Un investigado reconoce que recibió instrucciones para favorecer a determinadas ONG

Durante su declaración ayer en calidad de investigado en la séptima sesión del segundo juicio del caso Cooperación por el desvío de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación internacional, Castel ha dicho que volvía a mirar los proyectos y «a veces» se cambiaba la evaluación, pero en otras no. A preguntas del fiscal ha reconocido también que la Conselleria tenía una «lista blanca» con las ONG a las que había que favorecer, en la que se incluían Asade, Asamanu, Ceiba, Fudersa y Esperanza Sin Fronteras, y otra «negra» con aquellas ONG a las que no había que beneficiar.

Castel ha destacado que los informes que hacía Expande no eran vinculantes, ni siquiera eran evaluaciones formales, sino más bien opiniones que se enviaban a la comisión técnica evaluadora de la Conselleria para que hiciera lo que considerara con ellos, y prueba de ello es, a su juicio, que los documentos iban sin firmar.

Sobre el hecho de que esta empresa se constituyera quince días antes de optar al concurso para asumir el servicio de evaluación de proyectos técnicos de la Conselleria, ha explicado que tuvo que constituir esta nueva firma al tener que cerrar Caaz, que ya trabajaba para esta Conselleria a través de una UTE con Broseta, por problemas con la Seguridad Social.

No obstante, ha asegurado que ambas empresas son lo mismo, por lo que la experiencia de Caaz servía para Expande, y no vio ningún problema en utilizarla para el nuevo concurso, como tampoco vio ilegal que otro empresario, Rafael Monterde, le prestara trabajadores para acreditar su capacidad.

Cooperador necesario

Según recordó el fiscal, Castel está acusado, entre otras cosas, por su participación como cooperador necesario en un presunto delito de prevaricación administrativa por haberse presentado, a través de una figura jurídica ficticia (la empresa Expande), a un concurso que tanto el fiscal como las acusaciones ven irregular.

El acusado, quien solo respondió a las preguntas del fiscal, el tribunal y su defensa, ha rechazado esas acusaciones, y ha dicho no haber recibido nunca ninguna dádiva o comisión, ni haber pertenecido a ninguna asociación ilícita o criminal, organización de delincuentes ni trama. Preguntado por sus trabajos para las diferentes consellerias de las que fue titular Rafael Blasco, investigado en esta causa, Castel ha dicho que no trabajó directamente para la Administración pública, excepto en una ocasión con el IVVSA, sino que hizo estudios para empresas privadas que querían optar a concursos públicos. En este sentido, ha dicho que no tenía ni tiene ninguna relación con Rafael Blasco, a quien conocía como persona pública pero no personalmente.

Sobre el proyecto para construir un hospital en Haití tras el terremoto sufrido por el país en 2010, Castel ha reconocido que presentó a Llinares a su cuñado, que tenía experiencia en la construcción de hospitales, pero ha asegurado que no intervino para nada en el proyecto.