La jueza que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1 de València rechaza la enmienda a la totalidad de la Fiscalía Anticorrupción y ocho de los dieciséis acusados que solicitaban el archivo de la causa y ha decidido seguir adelante con el procesamiento del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el exconseller Mario Flores y catorce investigados más. La titular del Juzgado de Instrucción 17 responde a las nueve peticiones de archivo con un auto en el que tumba los argumentos de las defensas y la Fiscalía e insiste en que, como instructora, sí observa indicios de criminalidad en las adjudicaciones del circuito de Fórmula 1. Otro contratiempo para el PP en una campaña complicada.
La magistrada dedica la respuesta más extensa a la petición de archivo realizada por la Fiscalía Anticorrupción contra la que no escatima críticas y califica de «sorprendente y poco seria» ya que fue precisamente el Ministerio Público quien inició la causa al presentar la denuncia el 30 de enero de 2018 por malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial contra los doce acusados iniciales. La jueza también reprocha que el primer Fiscal Anticorrupción evitara solicitar «una pericial de la Intervención General», como establecía un decreto del Fiscal General del Estado, el fallecido Jose Manuel Maza, que acordaba la prórroga de las diligencias de investigación penal con las que la Fiscalía inició las pesquisas sobre el circuito de la Fórmula 1, tras la denuncia de un trabajador de l consultora Typsa, el 1 de febrero de 2017.
Críticas a la instrucción
La magistrada incluso afea al Ministerio Público que se demorara a enero de 2018 para presentar la denuncia formal ante el juzgado que ella dirige. Y viene a asegurar que, cuando el Fiscal solicitó y se le concedió la prórroga de las diligencias de investigación penal (DIP) en julio de 2017 debería haber formulado la querella para que no prescribiera (en septiembre) la presunta prevaricación de los tres contratos iniciales investigados. También desliza la magistrada una crítica a la «instrucción de esta causa que ha sido breve [los seis meses previstos por la ley de enjuiciamiento criminal] porque el Ministerio Público no interesó la complejidad de la causa, ni la prórroga de la instrucción, ni siquiera la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción» que acabó el 29 de octubre de 2018.
En el auto la jueza también se manifiesta sobre el informe de la Intervención General, que no ve ningún perjuicio para las arcas públicas en la construcción del circuito, y en el que se basa la Fiscalía para pedir el archivo, porque sin menoscabo para el erario no existe malversación. La titular del Juzgado de Instrucción 17 ve «irrelevante que la Intervención de la Generalitat Valenciana no constate algún perjuicio económico directo» porque «no desvirtúa las conclusiones a las que llega esta juzgadora, tras la valoración del conjunto de diligencias practicadas».
Y recuerda que tanto las periciales de Intervención como de la UDEF «se limitan a poner de relieve datos y extremos» pero «es a esta instructora a la que corresponde valorar todas las diligencias de investigación -que son muchas- practicadas en este procedimiento para constatar si existen o no indicios suficientes de criminalidad, como así ha hecho». Y añade que la Intervención autonómica sí detecta «incidencias» y puntualiza respecto al coste adelantado por la Generalitat para construir el circuito que «no se ha recuperado aún del Ayuntamiento de València, a pesar del convenio firmado».
