Torrevieja podría contar, si los plazos se cumplen sin incidencias, con un nuevo servicio de recogida de basuras de gestión indirecta en el mes de octubre. La junta de gobierno local autorizó ayer, una semana antes de acabar su mandato, sacar a concurso el contrato con la aprobación del pliego de condiciones administrativo y económico, tras un tortuoso procedimiento de tramitación desde finales de 2016 -tras fracasar el proceso de municipalización-. El valor estimado del contrato por cuatro años más un uno de prórroga es de 81.711.792 euros. Es decir, 16.791 467 euros anuales (impuestos incluidos) que las empresas ofertantes pueden mejorar a la baja.

El coste actual se si sitúa en torno a los 14. La contrata contempla la retirada y transporte de residuos, el mantenimiento de la limpieza de los puntos de recogida y la limpieza viaria, limpieza y mantenimiento de la costa y las playas -a ese capítulo vital para la industria del turismo residencial se destinarán 1,7 millones del total-. También la gestión del ecoparque municipal hasta que no se haga cargo de esa instalación el Consorcio del Plan Zonal y, por último, la concienciación ciudadana sobre la gestión de residuos. Este importe multimillonario no incluye el coste anual de la eliminación en vertedero de los residuos orgánicos, podas y algas -en torno a 53.000 toneladas anuales de basuras-. Servicio que abona el municipio ahora directamente al Consorcio Vega Baja Sostenible.

Una de las características más llamativas del documento que define cómo debe ser este servicio público, del que ayer se apuntaron algunas de sus características, es la puesta en marcha gradual de la recogida selectiva conocida como «puerta a puerta» tanto para la separación de biorresiduos como para el refuerzo y ampliación del actual servicio de recogida «puerta a puerta» de papel y cartón en los comercios locales, en función de lo que estipula el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana para promocionar la recogida selectiva.

Implantación

Una implantación escalonada que supondría una modificación del contrato al alza de 390.000 euros anuales. Esta medida se adoptaría en una zona concreta de Torrevieja y no en todo el término municipal. Por una parte, al actual sistema de separación de residuos -papel y cartón, envases y plásticos, vídrio se sumaría un contenedor marrón para separación de «biorresiduos» para su reutilización en compost y biocombustibles, de acceso con un sistema de apertura digital en el que se darán de alta los usuarios.

Otros condicionantes que pueden elevar el precio del contrato a lo largo del periodo de ejecución es la incorporación de la recogida en planes urbanísticos con viviendas y zonas residenciales por desarrollar. La decisión de no dividir en lotes el contrato se adopta por la dificultad técnica que supondría para la prestación técnica del servicio público. También en consonancia con la implantación del reciclaje doméstico en zonas menos pobladas la recogida no será diaria y buena parte de los nuevos contenedores será de carga lateral.

Adiós a los soterrados

Algo que permite además mantener los actuales puestos de trabajo cifrados en 202 fijos y 90 temporales, y que era una de las reivindicaciones del comité de empresa de la actual empresa de recogida de residuos ante el Ayuntamiento. Además de establecer el baldeo de calles en todo el término municipal con distintas frecuencias -no solo en el centro como hasta ahora-, el contrato contempla la supresión de una mayor parte de los 138 contenedores soterrados del casco urbano, que no han dejado de dar problemas técnicos de recogida, salubridad desde su puesta en marcha en 2004. Tan solo se salvan una treintena de estas estructuras que serán renovadas total o parcialmente.

Los plazos

Ahora, las empresas del sector de la recogida de basuras tendrán un plazo de 35 días para presentar ofertas a la adjudicación a través de un procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada. Ese periodo contará desde el momento en que se anuncie en el perfil del Contratante Estatal y el Diario Oficial de la Unión Europea. Algo que ocurrirá a mediados de la semana que viene. Una vez terminado ese plazo el Ayuntamiento tiene otros 20 días como máximo para iniciar la apertura de ofertas. Después, la mesa de contratación cuenta con otros diez días para valorar toda las propuestas. Mesa, ahora formada por el alcalde José Manuel Dolón y José Hurtado y una mayoría de técnicos y que podría modificar su composición en función de los resultados electorales. Estos plazos no contemplan imprevistos, como recursos de las empresas por el resultado de la baremación ante el Tribunal de Recursos Contractuales -que ha paralizado meses varios procedimientos relevantes durante este mandato en Torrevieja-.

El procedimiento se podía paralizar más o menos de forma sencilla si no hubiera llegado a este punto de sacarlo a concurso. Pero el paso que dio ayer la junta de gobierno es casidefinitivo. Las empresas ofertantes emplean recursos económicos para elaborar sus propuestas. También si el trámite se queda, por ejemplo, en la fase de valoración de la mesa de contratación. Es decir, bloquear la tramitación en el momento de iniciarse el nuevo mandato por un criterio de oportunidad política podría generar reclamación de las empresas -algo que conocen bien en el municipio vecino de Orihuela-.

IU vota a favor en defensa de la plantilla

La formación, integrada en el gobierno, cuestiona la falta de información de la Alcaldía sobre todo el procedimiento

Izquierda Unida (IU) cuestionó la gestión que el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) ha hecho de la tramitación del pliego de la contrata de las basuras. La formación de izquierdas, que votó finalmente a favor de este procedimiento en junta de gobierno ayer, especificó que no ha sido informado sobre la elaboración del pliego desde que comenzó a redactarse a finales de 2017. Tampoco se ha realizado una reunión previa para abordar en el seno del equipo de gobierno la licitación. El concejal Víctor Ferrández (IU), que forma parte del grupo de gobierno, viene advirtiendo de esta carencia desde hace meses, tal y como ha recogido este diario. IU sigue apostando por la municipalización del servicio pero es consciente de que ese proceso no pudo llevarse a cabo en su día y argumenta su actual voto favorable a la licitación en responder a la inquietud de los trabajadores. En especial para asegurar un proceso de adjudicación a una empresa que no contemple la división en lotes del servicio y por lo tanto la reducción del número de empleados, como llegó a plantearse en el anterior mandato, que es el temor de la plantilla desde que se fue acercando el fin de la adjudicación a Acciona en junio de 2016- el servicio se presta desde entonces sin contrato por la misma empresa-. Ya licitado y al margen de quién llegue el gobierno local es difícil plantear una marcha atrás y un contrato por lotes.

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