16 de mayo de 2019
16.05.2019

El fiscal pide más de 40 años de cárcel a los acusados de la trama urbanística de Llíber

El Ministerio Público acusa al exalcalde José Más, al primer edil actual, a cinco concejales, a dos funcionarios y a cinco empresarios por la construcción de 292 chalés ilegales en el municipio

16.05.2019 | 00:51
El fiscal pide más de 40 años de cárcel a los acusados de la trama urbanística de Llíber

El juzgado fija una fianza de 18 millones de euros.

La Fiscalía ha pedido penas que suman más de 40 años de prisión para los trece acusados de formar parte de una presunta trama urbanística en Llíber, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Entre ellos, se encuentran tanto promotores como representantes municipales y funcionarios de esta corporación. Les acusa por la construcción de 292 chalés ilegales en el término municipal de Llíber entre los años 1999 y 2003. Un juzgado les ha impuesto una fianza de 18 millones de euros tras abrirles juicio oral por esta causa que se enjuiciará en la Audiencia Provincial de Alicante.

Se da la circunstancia de que el actual presidente de la Diputación, César Sánchez, se presenta como concejal en la lista del PP de este Ayuntamiento en las próximas elecciones municipales para optar a la reelección de este cargo. Aunque él no tiene vinculación con los hechos, la acusación sí salpica a algunos de sus compañeros de corporación. Entre los acusados, se encuentran el que fuera alcalde del municipio durante esos años, José Más, así como el actual primer edil y en aquella época era edil de la corporación Juan Bautista Reus y otros cuatro ediles que dieron su visto a las 292 expedientes aprobados por el pleno, José Juan Reus, Vicente Andrés Ivars, José Fullana y José Ordines. La acusación se dirige también contra cinco de los promotores de las viviendas (Miguel Muntaner, Trevor John Henry Bourne, Peter Antonius Schmidt, Benjamin Sebastian Schimdt y Hans George Fiedrich), así como el que fuera arquitecto municipal en la época de los hechos, Amador Signes, y la secretaria municipal, Ana Signes.

El fiscal acusa a los promotores de haberse dedicado a la venta de parcelas y a la construcción de viviendas unifamiliares de nueva planta desvinculadas de cualquier actividad agrícola sobre un suelo que, por sus condiciones urbanísticas, devendría en ilegal y fuera de ordenación dichos inmuebles. El Ministerio Público acusa al arquitecto municipal de haber colaborado con la trama dando autorización a estos trabajos como rehabilitación de almacenes, sin que hubiera una construcción preexistente. También se acusa a la secretaria de prevaricación por no haber advertido de las ilegalidades.

Absueltos por otro caso


Mientras a los promotores se les imputan delitos de estafa y contra la ordenación del territorio, a los responsables municipales se le acusa de prevaricación. También se acusa al exalcalde y a uno de los promotores de un delito de cohecho. Al exprimer edil se le reclama cuatro años y quince meses. Se da la circunstancia de que un juzgado de lo Penal de Benidorm en su día le absolvió tanto a él como al arquitecto por el delito de prevaricación urbanística en la denuncia que le presentó uno de los perjudicados y que se ha tramitó por separado. Por su parte, Muntaner ha sido juzgado por hechos similares en otros municipios vecinos y también ha sido absuelto en dichos procedimientos.

Para los ediles, entre los que se encuentra el actual alcalde, Juan Bautista Reus, se reclaman ocho años de inhabilitación y una multa de 18 meses con una cuota diaria de seis euros. Para la secretaria municipal se reclaman ocho años y medio de inhabilitación.

Cerca de 150 perjudicados están personados en este proceso como la Asociación Abusos Urbanísticos No de Llíber, a través de los abogados Bernardo del Rosal y Mónica Mas. Se trata de ciudadanos extranjeros, fundamentalmente de nacionalidad británica, que se compraron una vivienda sobre plano y que desconocían la situación legal de las parcelas, mientras que los vendedores les aseguraban que todo era acorde con la normativa española. La acusación particular reclama penas que suman más de 70 años para todos los acusados.

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