El tercer día el juicio del caso Blasco, todavía con cuestiones previas, vivió una dicotomía difícil de entender. La Fiscalía anunció que ha llegado a acuerdos con diecisiete acusados de los 24 procesados en el segundo juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación. El acuerdo supone reconocer los hechos de los que les acusa el Ministerio Público y reponer el dinero distraído, al contado o en propiedades. Aunque estos mismos acusados que admiten la malversación ante la Fiscalía (en acuerdos ya firmados desde el 6 de mayo) piden ante la Generalitat y la acusación popular de la coordinadora de ONGD la «nulidad de toda la actuación y el libre sobreseimiento de los acusados» porque se tramitó como un procedimiento abreviado, cuando debería haber sido un sumario, «con más garantías procesales para los acusados», según defendió el abogado del empresario Augusto Tauroni, José Vicente Gómez Tejedor.
Otro movimiento en direcciones aparentemente contradictorias fue el asunto del pago de la responsabilidad civil. Blasco formalizó la entrega como «dación en pago» de un bajo comercial valorado en 615.000 euros y Tauroni, un apoderamiento a favor de la Generalitat sobre la embarcación y los dos pisos en Miami valorados en más de dos millones de euros. Aunque el abogado de Rafael Blasco, Javier Boix, y el resto de defensas, intentaron tumbar y retrasar las indemnizaciones al intentar que el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València sólo determine la responsabilidad penal en esta causa, pero no la civil, que correspondería fijar al Tribunal de Cuentas como responsabilidad contable. Hoy le toca el turno, en el caso de la visita del Papa a Valencia, a Juan Cotino, que declarará como imputado.
