14 de mayo de 2019
14.05.2019

Otra denuncia del PP que acaba en nada: archivan la causa contra Alejandro Soler por su gestión en Elche

El secretario general del PSOE ilicitano queda «limpio» justo el día en el que presentó sus credenciales para poder tomar posesión como diputado

14.05.2019 | 00:36
Alejandro Soler, el día que declaró por la denuncia del PP, a tres semanas de las generales.

El auto judicial certifica que ni cometió prevaricación ni tampoco malversación de caudales.

El secretario general del PSOE, Alejandro Soler, ha conseguido «limpiar» su imagen en plena campaña electoral para las elecciones municipales y justo el día en el que presentó sus credenciales en el Congreso para poder tomar posesión de su acta como diputado tras las elecciones generales del pasado 28-A en las que estuvo pendiente de una causa que rebajó su presencia en la campaña. El juez ha archivado la causa abierta contra el máximo dirigente de los socialistas ilicitanos por presunta prevaricación en la venta de terrenos del Parque Empresarial. Ayer mismo recibió la notificación judicial a menos de dos semanas de las elecciones municipales. De este modo, el juzgado de Instrucción número 1 de Elche ha acordado el sobreseimiento provisional por no resultar debidamente acreditados los hechos denunciados por el PP en una querella presentada por la secretaria regional, Eva Ortiz, contra el alto cargo socialista por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Es otra denuncia de los populares que termina en agua de borrajas justo después de que se archivaran también las presentadas por la supuesta financiación ilegal de los socialistas, una tras otra cerradas por los juzgados. La querella, interpuesta a finales del año pasado, también se dirigía contra los que fueran concejales socialistas Alejandro Pérez, Emilio Martínez y Federico Buyolo, este último elegido el pasado año como director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno, así como la exedil de EU, Àngels Candela, y dos técnicos municipales. Según el auto al que ha tenido acceso a este diario, no se puede atribuir ningún indicio de prevaricación administrativa a los querellados ni a los dos técnicos , puesto que los mismos no eran ni siquiera concejales de la citada corporación, no adoptando ningún tipo de resolución administrativa al respecto, ya que ello era y fue competencia del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Elche.

De la querella interpuesta se desprendía presuntamente la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, pues del relato de la querella, consta que los querellados en virtud de un plan preconcebido tenían como objetivo que «Hospielche» se hiciera con la propiedad de un parcela de titularidad pública, sin que se tramitara el procedimiento administrativo que era preceptivo (mediante la aplicación de los principios de concurrencia, publicidad..).de venta por parte de la Sociedad Promociones e Iniciativas Municipales de Elche. Según recoge el auto, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche, en sesión celebrada el día 18 de enero de 2008 aprobó la reparcelación de la Unidad de Ejecución Número 2 del Sector E-40 del Plan General «Elche Parque Empresarial», siendo que en concepto de cesión obligatoria legalmente establecida en la normativa urbanística valenciana se adjudicaron al Ayuntamiento de Elche, diversas parcelas entre ellas la parcela 72.1. Posteriormente en fecha 28 de noviembre de 2008, la Junta de Gobierno de Elche, acordó iniciar los trámites para aportar al capital Social de Pimesa, entre otras parcelas la 72.1 y posteriormente en sesión de fecha 26 de enero de 2009, el Consejo de Administración de Pimesa acordó elevar a la Junta General de la sociedad, la propuesta de ampliación de capital social de Pimesa, otorgándose finalmente escritura pública de aumento de capital de Pimesa en mayo de 2009.

Imputa la querella la presunta comisión por parte de los investigados de un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, el auto recoge que de «las diligencias obrantes en autos, no se desprende indicio alguno de prevaricación administrativa, pues la parcela objeto de controversia 72.1 A, no fue la única aportada al capital social de Pimesa por parte del Ayuntamiento de Elche». En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, el auto recoge que tampoco ha resultado acreditado que el precio por el que fue enajenada la parcela a favor de Hospielche era inferior al precio de mercado, pues en el «contenido de la querella se deriva que el 27 de octubre de 2008 se acordó la realización de un estudio de precio de las diferentes parcelas propiedad de Pimesa en Elche Parque Empresarial, que fue emitido por el gerente, el cual propuso un precio de venta de las distintas parcelas y en particular de la parcela objeto de controversia de 3.000.900 euros, precio por el que se vendió finalmente la parcela a Hospielche S.L. De este modo, el auto judicial recoge que ese terreno no se vendió por un precio inferior, sino más bien superior, lo que consta documentado es que esa parcela fue vendida a Hospielche por 3.000.900 euros, cuando toda la parcela se valoró por un técnico municipal en 2.083.072,19 euros y por una sociedad de tasación en 2.053.339,26 euros.Soler hizo entrega al juzgado que investiga la causa de dos informes municipales que certifican la legalidad en la venta de los terrenos durante su mandato, cuestión que ahora queda aclarada.

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