Que el Ayuntamiento de Torrevieja, encabezado por José Manuel Dolón (Los Verdes), podía gobernarse como balsa de aceite con una coalición de cinco partidos -respaldados por un sexto de forma puntual en la oposición-, fue un espejismo que duró unos meses. Los Verdes, PSOE, Sueña Torrevieja, APTCe e IU comenzaron a gestionar con ilusión, poca experiencia y escasa autoridad sobre los principales jefes de departamentos municipales. Algunos tan «sensibles» como Intervención, que derivó, por ejemplo, en el conflicto de la productividad o la falta de contrato para las cafeterías de la Tercera Edad. Un funcionariado heredado de 27 años de PP explica solo en parte la incapacidad del gobierno multipartito para imponerse al criterio técnico sin infringir la legislación, una incapacidad reconocida expresamente por el alcalde en muchas ruedas de prensa cuando acusaba a los funcionarios (de quienes es principal responsable) de impedir sacar adelante proyectos municipales. La concentración de la responsabilidad de gestión en el triunvirato integrado por el propio alcalde Dolón, el edil de Hacienda, José Hurtado y la edil de Urbanismo, Fanny Serrano -que no le dio el relevo como primer edil tras el paso de SueñaTorrevieja a la oposición y el rechazo casi seguro de Cs-, ha sido también un lastre en el mandato en que Dolón tuvo que asumir los cuatro años de Alcaldía.
Dos de los proyectos estrella de este equipo de gobierno, la municipalización de la recogida de basuras y la modernización del transporte urbano -por gestión directa o concesión-, se les han quedado en el tintero por su empeño (e incapacidad) de hacerlo en minoría y la constante «amenaza» de la oposición de fraguar una moción de censura. Ambos servicios básicos se siguen prestando sin contrato, con el pago de cantidades millonarias a dos multinacionales-Acciona (en torno a los 16 millones de euros) y Avanza (4 millones)-, insuficientes para ofrecer el servicio de calidad que correspondería a la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana. A excepción de la limpieza de playas (piedra angular del municipio turístico), las quejas del ciudadano siguen teniendo en la suciedad de las calles y la insuficiencia y deterioro de contenedores y papeleras el top de su principal ranking de deficiencias. El autobús urbano por su parte, imprescindible para conectar a los ciudadanos con el centro, adolece de elevadas frecuencias de paso y falta de puntualidad, por mucho que el servicio sea gratis para los empadronados.
El alcalde Dolón, reconoció haber perdido mucho tiempo por «fiarse» de Cs -que en decisiones relevantes venía directamente de la dirección nacional en Madrid-. Fichó a un asesor por 80.000 euros al año para trabajar por la municipalización -que luego no ha cesado-, y a día de hoy nada se sabe del pliego para adjudicar el contrato por gestión indirecta. Tampoco del expediente para el transporte urbano.
También se hizo la foto Dolón con los representantes sindicales de los policías (otro polvorín municipal) y recibió el aplauso de la plantilla. Pero muy poco duró esa luna de miel. Pese a enfrentarse al Intendente Principal en cuestiones como el acuerdo de los turnos del 7x7, confirmó a Javier Mínguez como director general de la Policía, lo que no sirvió para pacificar las aguas un cuerpo que arrastra, como el resto de departamentos, una importante limitación de recursos, que no ha podido subsanarse ante la legislación que limitar el gasto público vigente desde la crisis y que también han impide inversiones relevantes. Eso sí, el área de Hacienda dirigida por José Hurtado tuvo claro que eso permitiría reducir la abultada deuda arrastrada por mandatos anteriores, y ha pasado de deber más de 60 millones de euros a 20. La oposición mayoritaria del PP -al que le costó meses asumir la pérdida de un poder que había mantenido casi 30 años-, desempeñó su nuevo papel haciendo lo único que sabía: funcionar a golpe de nota de prensa redundando en la descallificación y dejando máximas que darían que pensar a más de un economista asegurando por ejemplo que pagar la deuda era entregar «el dinero a los bancos». Sí destacan algunos acuerdos que no fueron bloqueados por la Intervención como el convenio con la Universidad de Alicante, la negociación con el Consell para que el Auditorio contara con programación permanente o la apertura al turismo de las salinas... La voluntad de no seguir alimentando la hiperdependencia de las ONGs y asociaciones a la ayuda municipal ha generado el efecto contrario: no estar al tanto del tejido asociativo local.
Protección
Especialmente polémica ha sido la actuación del área de Actividades en su intento de poner en orden en la gestión de las aperturas de establecimientos en la ciudad de los hechos consumados. Una de las más clamorosas, el cierre del Teatro Municipal, acordado por la Generalitat en septiembre de 2015, en el que ni alcalde ni la concejal responsable Serrano han querido cargar con la responsabilidad de una apertura supeditada a una exigencia económicas del arquitecto, lo que le ha supuesto al cuatripartito un elevado coste político.
En Urbanismo se ha seguido la inercia de la actividad constructora alentada por la recuperación con el argumento de que el Plan General y sus cien modificaciones puntuales no dan margen para más. Y así permanecen en capilla los rascacielos de Baraka, Metrovacesa, Don Sento, tan cuestionados por Los Verdes en sus días de oposición, pero de los que apenas se ha debatido. Sí es posible sin embargo que antes del día 26 se haya adjudicado la redacción del nuevo Plan General e incluso se dé visto bueno al plan de La Hoya, con 7.000 viviendas, que comenzó a tramitarse hace dos décadas.
El gobierno local ha amparado -al no recurrir- la protección de más de dos millones de metros cuadrados que ahora configuran un corredor ecológico entre la laguna de Torrevieja y Ferrís.
«Meter la pata, pero no la mano» y la transparencia sin web
La única edil salpicada por un procedimiento judicial ligado a su gestión dimitió el día en que se confirmó su procesamiento
«Podemos meter la pata, pero no la mano». Es la frase que pretendía definir la gestión del alcalde José Manuel Dolón y buena parte de un equipo de gobierno que conquistó la gestión del Ayuntamiento denunciando la corrupción del PP -en 2015 el exalcalde Pedro Hernández cumplía pena de cárcel por el fraude del amaño del contrato de las basuras-. A esa frase Dolón ha tenido que recurrir en varias veces en este mandato cuando venían mal dadas, sobre todo en el caso de la exedil socialista África Celdrán, procesada por irregularidades en la tramitación de un contrato. A la gestión de esa crisis por el recién estrenado gobierno se debe que la dimisión de esta edil no haya sido recordada por la oposición del PP, que se quedó sin argumento cuando Celdrán se apartó antes de que se lo reclamaran, el mismo día que el juzgado decidió seguir adelante con la investigación. No se ha evitado sin embargo que continúen las sospechas de irregularidades en algunos departamentos por las prácticas seguidas para la contratación que lejos de atajarse se siguen perpetuando desde hace dos décadas -caso de Fiestas y Cultura; o la más que cuestionable gestión del área en Vía Pública, hábitos más propios de un municipio de diez mil habitantes que de una gran ciudad.
Antes de que se pusiera en marcha el perfil del Contratante estatal que destripa a diario la actividad administrativa de contratación de cualquier municipio desde marzo de 2o18, el Ayuntamiento mantenía en su web una pestaña informativa con datos sobre los contratos menores. También informa semanalmente de las resoluciones de junta de gobierno, aunque la presencia de ediles de la oposición en esas reuniones fue corta. Son ejemplos de lo que el gobierno local ha querido modificar en la gestión y a lo que difícilmente podrán renunciar gobiernos venideros.
La desastrosa gestión en redes sociales y el mantenimiento de una página web con una estructura, diseño y accesibilidad de hace 15 años -la administración electrónica no existe en este Ayuntamiento- no ayudan en nada a ese objetivo de transparencia. La renovación de web esta en una «versión beta» desde hace cuatro años según unos responsables municipales que no se sonrojan cada vez que usan ese argumento.
El alcalde no ha cuidado esa vertiente -parece no preocuparle cuando hoy no eres nadie si no te comunicas en las redes-, y de tener las puertas de su despacho abiertas pasó a colocar un cartel artesanal con sello municipal en un «no molesten, por favor».
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