Entre «estructuras mafiosas», «modelos de caciquismo» y «servicio público pervertido» y «administraciones más cercanas y resolutivas», «el protagonismo de los gobiernos locales» y «una función irremplazable» hay kilómetros de distancia. Un abismo. Una separación enorme de puntos de vista en torno a la supervivencia o desaparición de las diputaciones provinciales, un debate que vuelve a estar en el orden del día de las negociaciones del Gobierno del Botànic II, una reedición que se comenzará a articular el próximo martes entre los grupos de izquierda con este asunto, entre otros, encima de la mesa. Y aquí, la Diputación de Alicante aparece destacada, en medio del escenario, con todos los focos alumbrando de forma directa.
Si hace cuatro años, cuando la izquierda sumó las fuerzas suficientes para negociar su entrada en el Palau de la Generalitat después de dos décadas de mayorías del Partido Popular, el denominado «vaciado» de competencias de la Diputación ya entró en la negociación, ahora los mismos socios, el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos-EU, especialmente a insistencia de estos últimos, ya saben que tiene que tomar alguna decisión sobre este tema. Al menos marcar un calendario con unos pasos a seguir debido a la dificultad legal -hablamos de una institución que está blindada por la Constitución- y política -no existe consenso amplio- que se derivan del debate sobre la viabilidad de las corporaciones provinciales.
El candidato de Podemos-Esquerra Unida a la presidencia de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau no estuvo presente en 2015, con el primer Pacto del Botànic, ya que esa labor la llevó el que entonces era el secretario general de Podemos, Antonio Montiel. Cuatro años después, Dalmau sí es uno de los tres líderes que negociará la reedición del acuerdo de progreso junto con los máximos responsables del PSPV, Ximo Puig y de Compromís, Mónica Oltra, y antes de sentarse ya se ha encargado de recordar que Podemos-EU tiene en su programa el vaciado competencial de las diputaciones. No debemos olvidar que en el punto 5 de dicho programa se pide la «transferencia total de las competencias y recursos de las diputaciones provinciales con un plan paulatino durante cuatro años». Claro y directo. Sin tapujos.
Con estos antecedentes, Martínez Dalmau detalló a este diario que «todo esto debe ser acordado con los socios de la mayoría de progreso y se hará en el marco de la negociación que empezará a partir del próximo martes». En todo caso, Dalmau no considera una condición «sine qua non» el «vaciado» de competencias, un asunto innegociable si se quiere contar con el apoyo de Podemos para que el pacto de izquierdas vuelva a fraguar. Es más, asegura que «no vamos a empezar la negociación con líneas rojas». Pero estará encima de la mesa. De momento, las otras «dos patas» que sustentan el acuerdo, los socialistas y Compromís, no mantienen una misma postura sobre el tema.
Los socialistas, que desde 2015 dirigen la Diputación de Valencia junto a Compromís y dentro de dos domingos aspiran a hacerse con las corporaciones provinciales de Alicante y Castellón con pactos similares en lo que es una de las grandes batallas de estos comicios, no ocultan que siguen defendiendo que las diputaciones deben jugar un papel complementario a las políticas que se desarrollan desde los municipios. Otra cuestión es que la gran cantidad de recursos que gestionan (la Diputación de Alicante manejó en 2019 un presupuesto de 224 millones de euros), unos recursos que, según Rubén Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), «en lugar de estar gestionados por la Diputación deberían descentralizarse y cederlos a los ayuntamientos para que estos, libremente y con la participación de los vecinos decidan la inversión». El eldense Alfaro, que hoy en día es una de las principales alternativas para relevar a José Chulvi como referente socialista en la institución provincial e incluso acceder a la presidencia si la izquierda suma, confía en que la renovación del Pacto del Botànic «es factible con los planteamientos de descentralizar determinados recursos que ahora se están gestionando por las diputaciones». El que aspira, sin duda, a seguir en la Diputación es Gerard Fullana, actual portavoz de Compromís, para el que la supresión de las corporaciones provinciales «conlleva una reforma constitucional y eso es una entelequia imposible con el resultado electoral estatal». A cambio, Fullana apuesta por que exista una «coordinación real entre la Generalitat, los municipios y la Diputación», ya que las duplicidades, en asuntos como el turismo, implican «remar en contradirección».
El que coincide con Podemos y Compromís sobre la limitación de la Diputación es Ciudadanos, hasta ahora sin representación real en la institución. En Alicante, su único diputado en 2015, Fernando Sepulcre, se convirtió en tránsfuga meses después de tomar posesión de su acta. Su candidata a la Alcaldía de Alicante yuna de las que «suena» para ir a la Diputación, Mari Carmen Sánchez, considera fundamental «adelgazar la administración». Pero para lograrlo «es necesario un cambio en la Constitución y un consenso». Mientras tanto, «fiscalizaremos desde dentro para que estas prácticas intolerables no vuelvan a ocurrir».
Frente a todos se mantiene firme el PP, que de hecho se ha vanagloriado de ser el «muro de contención de los arreones contra la institución provincial». El presidente de la Diputación, César Sánchez, que todavía quiere ser diputado en el Congreso y presidente en el Palacio Provincial a la vez, se lamenta del «mayor ataque a la autonomía local y provincial de toda la democracia que hemos sufrido con el tripartito del Consell del Botànic». El problema para el PP, más que la izquierda quiera «aislar y disminuir nuestro poder económico, social e institucional» como asevera Sánchez, es que el próximo 26-M las urnas puedan ofrecer un reparto de escaños provinciales muy distinto al actual. Y eso sí alimenta que la Diputación abra la puerta de emergencia.
Un primer mandato que empezó con decretos y acabó en un callejón sin salida
El Consell no ha aprobado estos cuatro años la ley de gobiernos locales para ordenar las competencias a las diputaciones - La legislatura terminó con la tramitación de la norma de Podemos pero sin llegar a consensos
El primer pacto del Botànic firmado por el PSPV, Compromís y Podemos como socio parlamentario que ha marcado el rumbo del Consell estos últimos cuatro años es el primer documento donde quedó reflejado el objetivo de «impulsar la integración y coordinación de las funciones de las diputaciones en la Generalitat». Ya entonces, Podemos incluyó el vaciado de las corporaciones provinciales en sus objetivos prioritarios para el final de legislatura, pero el mandato se ha cerrado con pocos avances, con todo el proceso condicionado a reclamar un consenso que, en la actualidad, no existe y con una batalla judicial abanderada por la Diputación de Alicante que ha logrado frenar, de momento, el proceso para vaciar la corporación alicantina toda vez que Valencia, controlada por la izquierda, sí se ha sumado a la gestión impulsada desde la Generalitat.
El primer intento de «meter mano» a las competencias de las diputaciones fueron los decretos de coordinación que aprobó el Consell en marzo de 2016, por los que se fijaban las directrices de coordinación en materia de deporte y turismo, dos áreas fundamentales en la acción de gobierno de las corporaciones provinciales. Los obstáculos judiciales que encontraron estas iniciativas, con recursos de las diputaciones de Castellón y Alicante en manos del PP, terminaron con que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declaró nulos estos decretos en marzo de 2017, por lo que la dirección general de Administración Local cambió de estrategia para acometer con pies de plomo el nuevo proyecto. Unos meses después, más que superado el ecuador de la legislatura, mientras crecían los recelos entre Podemos y el tándem PSPV-Compromís por la falta de avances en el tramite legislativo para «vaciar» las diputaciones, arrancaron otras dos iniciativas. El 2 de octubre de 2018, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y el titular de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar acordaron la creación de dos comisiones para la coordinación de competencias entre la Generalitat y esa institución. De estas dos comisiones, se sabe quiénes las compondrán, pero hasta la fecha no se han activado ni han celebrado ninguna reunión.
Paso insuficiente
El día después de anunciar Puig y Gaspar esas comisiones de coordinación, el 3 octubre 2018, Podemos registra un proyecto de ley para vaciar las diputaciones. La formación morada registró en las Cortes la ley que plantea que la Generalitat asuma las competencias de las diputaciones y acabe con su «opacidad». Los podemitas consideran que las comisiones de coordinación de competencias consensuadas por los presidentes de la Generalitat y la diputación valenciana, ya estaban incluidas en su propuesta por lo consideran este paso insuficiente. Aunque en el documento de relanzamiento del Botànic, firmado a finales octubre por Ximo Puig, Mónica Oltra y el líder valenciano de Podemos, Antonio Estañ, también se incluía el asunto de las diputaciones, la legislatura se fue agotando sin tomar una decisión en firme.
En febrero de este mismo año, el Consell permitió tramitar en las Cortes una ley para «vaciar» la Diputación para la que el Consell pidió consenso en un tono de máxima cautela. Todos los grupos a excepción del PP, dieron el visto bueno al inicio de la tramitación. El debate se hizo, tal y como querían los podemitas, algo que le permitieron sus socios en el gobierno valenciano. Pero los socialistas alertaron de que la fórmula que querían los morados -la lectura única, que permite una tramitación rápida sin enmiendas- no parecía muy adecuada al ser un asunto que requería consenso. Una unidad de criterio que, en la actualidad, está a bastante distancia de ser una realidad, por lo que el camino es difícil. Un callejón sin salida.
El Consell quería que cada autonomía pudiera decidir dentro de su territorio
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz presentaron en febrero de 2018 una propuesta de reforma de la Constitución, un texto «abierto al diálogo» en el que se plantea una «actualización necesaria» que «dé voz a las comunidades autónomas, defienda el autogobierno», y que reivindica la «suficiencia financiera», una realidad «plurinacional» y un «avance federalizante» en el modelo territorial. El texto del Consell también aborda la diputaciones, al reconocer el «reconocimiento de la potestad de cada Comunidad de regular su organización territorial interna, eliminando por tanto de la Constitución las referencias a las provincias y a las diputaciones y cabildos o consejos insulares».
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