Liberado, sin ataduras, con margen de maniobra para gestionar las cuentas municipales tras un largo periodo con el Ayuntamiento de Alicante sometido al férreo control de Madrid. Así será el escenario que se encontrará el próximo gobierno que surja de las urnas para los próximos cuatro años en la capital alicantina. Y todo porque seis años después de que el Ministerio de Hacienda «interviniera» las cuentas del consistorio de la capital, en la etapa de Sonia Castedo en el gobierno local por la acumulación de impagos a los proveedores en plena crisis económica, la ciudad logró este mandato que ahora acaba liberarse de las ataduras. Respirar. Lo empezó a maquinar hace casi un año, apenas tres meses después de la llegada a la Alcaldía de Alicante de Luis Barcala. Se confirmó a finales del pasado año, con el visto bueno del Gobierno central.
Esa decisión, formalizada en una modificación de créditos promovida por el PP nada más hacerse con la vara de mando, contó con el beneplácito de todas las formaciones con representación en el pleno, salvo de los socialistas, que alegaron que no se fiaban de la gestión económica de los populares, ya que marcaban los designios de la ciudad cuando Castedo tuvo que pedir «auxilio económico» para poder hacer frente a las facturas impagadas que se acumulaban en las concejalías. En concreto, Alicante recibió en 2012 un préstamo de unos 50 millones de euros avalado por el Ejecutivo central, que se liquidó hace meses con un último pago de 30 millones, a costa de no destinar ese dinero a inversiones para la ciudad dentro del apartado de sostenibles relativo al remanente de tesorería del anterior ejercicio presupuestario.
Ese Plan de Ajuste, vigente en los últimos seis años en la capital, tenía atados de pies y manos a los dirigentes municipales, que sólo podían dedicar diez millones al año en inversiones dentro de los presupuestos, no podían ampliar la plantilla de funcionarios (muy mermada por la imposibilidad de cubrir las bajas), ni, por supuesto, bajar ningún impuestos, entre otras limitaciones que, ahora con otros controles, saltaron por los aires con la cancelación del Plan de Ajuste. El pasado verano, en el último pleno antes de las vacaciones, 23 de los 29 concejales del pleno apoyaron la propuesta del PP de liberar a la ciudad de las ataduras relativas a la «intervención» de las cuentas desde Madrid, adelantando el final del control unos cuatro años. Para llegar a ese momento, las cuentas municipales fueron ajustándose año tras año, rebajando poco a poco la deuda general acumulada y, en concreto, el préstamo avalado por Madrid, que tenía que pagarse en diez años.
Al inicio de este mandato, con el tripartito de Alicante al frente de la ciudad, las cuentas arrastraban una deuda total de unos 140 millones de euros, según señalaron los socialistas a su llegada a la Alcaldía en 2015. Con los pagos obligatorios y la reducción de deuda vinculada a la no ejecución de proyectos en los últimos años, la cantidad fue bajando hasta cifras decorosas, que rondan los 27 millones, entre las que se incluye un préstamo de ocho millones que se aprobó a finales de 2018, una vez liberadas también las amarras de Madrid.
Varios padres
La cancelación del Plan de Ajuste, con todo, tuvo varios padres. Todos querían su parte de la «gloria» de liberar a la ciudad de las ataduras de Hacienda. La izquierda, al frente del gobierno durante los primeros tres años de este mandato (en los que también se recuperó el cobro de impuestos que estaba en manos de Suma, organismo de la Diputación), se atribuía el saneamiento de las cuentas heredadas de veinte años del PP con la vara de mando, mientras que los populares presumían de la autoría de destinar unos 30 millones de euros, previstos inicialmente para proyectos, a cancelar los préstamos y así liberarse de unas ataduras que condicionaban el día a día del Ayuntamiento.
De hecho, cancelar el Plan de Ajuste permitió al PP promover una bajada de impuestos, con una reducción del 5% lineal del IBI, que salió adelante gracias a la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar), repitiendo el escenario que permitió a Barcala llegar a la Alcaldía tras la dimisión del socialista Echávarri. También dio vía libre para que el gobierno municipal con Barcala al frente pusiera sobre la mesa unos presupuestos para 2019 con unas inversiones reales que rondan los 18 millones de euros, frente al tope de 10 millones que marcaba el Plan de Ajuste. Las cuentas, que se aprobaron definitivamente unos días antes de las elecciones generales y autonómicas y a poco más de un mes de las municipales, salieron adelante gracias a la abstención en bloque de la oposición con dos salvedades: el voto en contra del PSOE y el apoyo del otro tránsfuga Fernando Sepulcre, ex de Cs y ahora en Contigo.
Ahora quedan sobre la mesa unos treinta millones para proyectos incluidos en las inversiones sostenibles relativas a la liquidación del presupuesto de 2018, que Barcala pretende aprobar antes de la cita con las urnas del 26-M. Para que el asunto se aborde en el plenario, primero tendrá que superar el trámite de la urgencia, un trámite que no será tal al votarse en plena campaña electoral. Además, liberarse del control de Madrid, ha permitido a Barcala iniciar los trámites para convocar una oferta de empleo municipal, con alrededor de 300 plazas que hasta la fecha han estado cubierta por interinos. Pese a este mandato convulso en Alicante, el gobierno que salga de las urnas tendrá una ventaja frente a sus predecesores: no sufrirá las ataduras del Plan de Ajuste.
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