La jueza que ha investigado las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1 liga el presunto trato de favor a algunas de las empresas con la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), ya condenada en una sentencia de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Diez empresarios admitieron a la Fiscalía Anticorrupción haber pagado las campañas electorales de los populares valencianos en las elecciones de 2007 y 2008, a través de facturas falsas con la empresa Orange Market. La sentencia señalaba que los empresarios colaboraban para «obtener beneficio patrimonial como adjudicatarios de obra por parte de la administración ocupada por el partido cuyo gasto sufragaban» y «con el ánimo de seguir consiguiendo concesiones por parte de aquellos a quien tan eficazmente habían ayudado a conseguir el poder». No se investigó qué contratos obtuvieron a cambio.
Una incógnita que considera en parte resuelta la titular del Juzgado de Instrucción 17 de València. La compensación para algunos de estos empresarios donantes fue, presuntamente, la participación en la construcción del circuito de Fórmula 1, diseñado y ejecutado entre 2007 y 2008 para celebrar los cinco campeonatos de F1 de 2008 a 2012. Incluso relaciona la adjudicación de un contrato a FCC con los papeles de Bárcenas y la donación de 165.000 euros a la campaña electoral de Mariano Rajoy en 2008.
La conexión entre la construcción del circuito de Fórmula 1 y la financiación ilegal del PP se disecciona en el auto notificado ayer por el Juzgado de Instrucción 17 a los dieciséis procesados por estos hechos.
A la cabeza de los investigados, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien la jueza considera que «excediéndose de las funciones y competencias que le correspondían y con la única intención de proyectar su imagen como máximo representante de la Comunidad, arrogándose propiedades no propias de su cargo, ideó, planificó, impulsó y dirigió la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1 en València con fondos públicos, urdiéndose un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades y personal que prestaba servicio en el Ayuntamiento de València y la Conselleria de Infraestructuras».
Camps suma ya tres imputaciones: la F1, la visita del Papa y la pieza de contratos menores de la Gürtel. Junto a Camps también siguen investigados tras finalizar la instrucción el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla, al tener «un papel director en los grandes eventos» y por haber dicho de él los testigos que en «la Fórmula 1 todo lo ha dirigido él», además de heredar la estructura de dopaje electoral de manos de Víctor Campos. Rambla fue absuelto por la financiación ilegal, aunque la sentencia señalaba que fue «el ciego voluntario» que miró a otro lado.
A Camps y Rambla les acompañarán en el banquillo de los acusados, si los previsibles recursos contra el auto emitido ayer no prosperan, el exconseller de Infraestructuras, Mario Flores, y su número dos y exsecretario autonómico Victoriano Sánchez Barcaiztegui. La causa también se habría seguido contra el exconseller José Ramón García Antón, fallecido en 2009, ya que los primeros pasos se dieron cuando aún dirigía Infraestructuras, hasta junio de 2007. Sí ha resultado investigado su sobrino político y exdirector del Gestor de Transportes y Puertos (GTP), Antonio Carbonell Pastor, el ente que se encargó de tramitar y pagar las obras del circuito.
Los otros once procesados son el exjefe de la División de Carreteras, un funcionario del GTP que hizo de vocal en la mesa de contratación, directivos de Typsa y Ayesa, las consultoras que diseñaron el circuito de F1 y dirigieron las obras. Y cuatro empresarios beneficiados por los contratos, presuntamente, a cambio de pagar el impuesto revolucionario al PP: Tomás y Rafael Martínez Berna (de Hormigones Martínez y condenados por la financiación ilegal), José Mayor Oreja (hermano del exministro y representante de FCC e investigado en la causa de los «papeles de Bárcenas) y Felipe Almenar Lafuente (presidente de Cyes, que logró el archivo en la trama Gürtel).
Ilegalidad «clamorosa y grosera»
La magistrada basa las acusaciones en el hecho de que «todas las resoluciones dictadas en el proceso de planificación, proyección y construcción del circuito urbano de Fórmula 1 fueron objetivamente contrarias a derecho o ilegales por falta absoluta de competencia, omisión e inobservancia de trámites esenciales, con un resultado injusto y con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular del presidente de la Generalitat, Francisco Camps» quien, según la jueza, actuó «de forma injusta y arbitraria, desviándose de la legalidad de modo evidente, flagrante, clamoroso y grosero».
Básicamente porque la tesis que defiende la jueza es que el GTP no tenía entre sus funciones las intervenciones urbanas, (el circuito se quiso disfrazar formalmente como una conexión entre viales) ya que se creó para construir carreteras y ferrocarriles. Las empresas consultoras, además, ya trabajaban en el diseño del circuito antes de que se les adjudicaran los contratos, entre otras irregularidades.
Camps amenaza con una querella a la magistrada: «Es una censora política»
El exjefe del Consell recurrirá el auto porque «no hay ningún elemento que justifique» su incriminación
El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (PP) estudia presentar una querella contra la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que le ha procesado en la causa de la construcción del circuito urbano de la F1, porque considera que «obedece a una deformación política inaceptable en la judicatura» y cree que se trata de una «censora política de gobiernos». Fuentes de la defensa del expresidente confirman que recurrirán el auto. La defensa del expresidente valenciano señala que permanecen pendientes del criterio de Fiscalía Anticorrupción, que tiene diez días para presentar escrito de calificación y apertura de juicio, pedir el archivo o solicitar diligencias complementarias. Según su defensa, Camps entiende que es «especialmente sorprendente» que la jueza «califique como delito actuaciones efectuadas en el seno y la condición de presidente de la Generalitat, con la discrecionalidad política que dichas decisiones suponen». También sorprende al entorno de Camps que la magistrada vea delito «con la perfecta tramitación jurídica, normativa y reglamentaria supervisada por la Abogacía de la Generalitat, la Intervención y la Sindicatura de Comptes», algo que, desde su punto de vista, «la jueza no solo ha ignorado sino que se ha permitido discutir diciendo desde la más absoluta carencia de conocimiento que su voluntad ha sido ignorar los órganos de control de la administración en tanto que debe prevalecer su criterio» (el de la jueza) frente a aquellos. Por ello, consideran que la magistrada se ha convertido con este auto «en Sindicatura de Comptes, Intervención y censora política de gobiernos». Por ello, desde el entorno de Camps inciden en que este auto de procesamiento «obedece a una deformación política inaceptable en la judicatura», debido al hecho de que su «único sustento sean las distintas actuaciones en el seno de sus competencias que el presidente de la Generalitat y su gobierno quisieron en su tiempo, las que califica como efectuadas para la obtención de rédito electoral» que siempre «quedará fuera de la prevaricación o de cualquier tipo penal mencionado en su resolución. En los 40 folios del auto no hay ningún elemento que justifique la incriminación de Camps ni de ninguno sobre los que se pide la apertura de juicio», subrayan.
