El Consell Rector se saltó la orden del día de su reunión de ayer para abordar la gestión de la directora general, Empar Marco, al frente de la radiotelevisión pública. Para ello, el órgano confía en una evaluación de la gestión de la directora cuyos resultados se conocerán en junio y que determinarán la continuidad de Marco al frente de À Punt, que dirige desde hace tres años.

La tensa reunión del martes de la comisión de seguimiento y control del contrato programa, donde está representada la Generalitat, precipitó la necesidad de revisar el trabajo de Marco. Los bajos ingresos por publicidad, la discreta audiencia y la falta de fidelización por la mala gestión de la parrilla podrían son los principales argumentos que se esgrimen, tanto desde dentro de À Punt como por parte de la Generalitat.

A ello se suma una tensa relación entre el consell rector y la directora. Ayer, a diferencia de la reunión con la comisión de seguimiento, sí que asistió a la del órgano de dirección, donde algunas fuentes aseguran que ya no tiene apoyos entre los miembros. El órgano es el encargado de establecer los parámetros que se van a evaluar y prevén que los resultados no serán positivos. No dudan en señalar que podría ser destituida cuando se conozca el informe, para lo que necesitarán dos tercios de los votos a favor de los integrantes del consell rector.

Mientras, otras fuentes se mantuvieron más prudentes. Recordaron que la evaluación se realiza por mandato y como rendición de cuentas, como también recuerda el Síndic de Greuges para el personal directivo, al tiempo que se verifica el cumplimiento de los indicadores del contrato programa que determina el funcionamiento de la radiotelevisión. Ninguno de ellos tiene por qué implicar una «consecuencia definitiva».

El proceso evaluador podría comenzar la próxima semana y se dilataría hasta finales de junio, el mismo mes en que Marco está citada a declarar tras la querella que el diputado popular, Jorge Bellver, interpuso por posible prevaricación en la contratación de una serie de televisión y de una decena de personal de la casa.

Declaración el 20 de junio

Con Marco declarará el 20 de junio presidente del consell rector, Enrique Soriano, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna. Ayer, el órgano de dirección hizo público un comunicado donde cerraba filas en torno a la gestión de ambos directivos y defendió la legalidad de las contrataciones.

Señalaron que la querella de los populares se basa en el informe que emitió la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de À Punt en 2017, donde alertaba sobre algunos contratos firmados en ese ejercicio pero que no implicaban una consecuencia penal sobre la que pueda basarse la querella.

Respecto a la contratación de la serie «La Tramuntana» (renombrada como La Vall), que produjo una productora de un exdirigente socialista, explicaron que fue seleccionada con unanimidad del Alto Consejo Consultivo del Audiovisual, el órgano previo al consell rector, «con una consulta preliminar de mercado convocada por Presidencia de la Generalitat antes de que À Punt estuviera en funcionamiento», defienden.

Lo que el PP denuncia es que no hubiera un concurso público para adjudicar su producción, pero À Punt defiende que la contratación no incumple la ley de contratos del sector público ya que se trata de una propiedad «incorpórea», esto es, de propiedad intelectual, y no se regula a través de esa norma.

Respecto a la decena de contratos a personal y directivos, que el PP cree que fueron «a dedo», señalaron que están dentro de los límites legales y fueron a propuesta del técnico responsable. Alegan que los contratos a los directivos se suscribieron con el beneplácito de la conselleria de Hacienda.

Puig confía en que los contratos «se han hecho bien»

La citación ante el juzgado de la directora general de À Punt, Empar Marco, y el presidente del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, por una querella que interpuso el PP generó ayer una riada de reacciones de los principales representantes políticos.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió la gestión de la televisión pública y pidió esperar a escuchar las declaraciones. «Tengo confianza en que las cosas se han hecho bien», aseveró el jefe del Consell, quien aclaró que la citación a declarar de la directora de À Punt y del presidente del consejo rector es «una cuestión muy previa. Estamos en un periodo absolutamente inicial», espetó.

En su entorno precisaron que el ejecutivo respeta absolutamente la autonomía del ente público y estará a lo que decida el consejo rector, al margen de la opinión que los distintos dirigentes puedan tener sobre el modelo de radio y televisión puestos en práctica y los resultados de audiencia y calidad obtenidos en el primer año de existencia.

Por parte de la oposición política, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, instó al Consell a «repensar el modelo antiguo» de À Punt y advirtió de que desde su partido estarán «muy vigilantes» de que se cumpla la ley y de que se haga una televisión independiente, y «no solo sobre los logros de Botànic». Bonig recordó que el PP ya planteó durante el debate de la ley de À Punt que este «no era el modelo más adecuado». La líder de los populares, que han interpuesto la querella, dijo que fue el único partido que se abstuvo porque la ley no llevaba memoria económica.

El líder de Ciudadanos, Toni Cantó, fue más allá en sus críticas y exigió la dimisión de Marco y Soriano, y reclamó garantías de la sostenibilidad y «despolitización» de la televisión valenciana.