El candidato de Compromís a las Cortes Valencianas, Fran Ferri, anunció ayer la propuesta de su formación para que la Generalitat recupere la gestión pública de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) al final de la próxima legislatura. Según explicó Ferri en un comunicado, «las ITV fue el primer servicio público privatizado por los gobiernos del Partido Popular en nuestra tierra y ahora estamos descubriendo lo que había detrás: mordidas millonarias para dirigentes del PP que han acabado en paraísos fiscales». El candidato de Compromís recordó que la justicia ya investiga, dentro del caso Erial, cómo el proceso de privatización de las ITV, el aumento de tarifas y la posterior venta con plusvalías exageradas, podrían haber sido el origen de las comisiones millonarias que, según la investigación judicial, cobró el expresidente Eduardo Zaplana.
Un caso que también salpica a Juan Cotino y Rafael Blasco, otros dirigentes del PP presuntamente beneficiados por el pelotazo de la privatización de las ITV en nuestra tierra, según Compromís. «Algunos se hicieron ricos a costa de los valencianos que hemos pagado las tarifas más altas del Estado durante mucho tiempo, ya que la privatización supuso que se duplicara el precio de las ITV en nuestra tierra», explicó Ferri. «Por ello -añadió el candidato- desde Compromís proponemos que cuando acabe la concesión en 2022, la Generalitat recupere la gestión pública, lo que permitiría establecer unas tarifas más asequibles para los usuarios». La propuesta de Compromís también contempla que los beneficios que la Generalitat obtenga del servicio de ITV se reinviertan en «cuestiones tan importantes como mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de coche», zanjó Ferri.
El expresidente de la Generalitat por el PP, Eduardo Zaplana, permaneció durante nueve meses en prisión preventiva desde mayo de 2018 a febrero de 2019. Junto al exministro de Trabajo también quedaron estaban en la cárcel sus dos presuntos testaferros Joaquín Miguel Barceló y Francisco Grau Jornet. La magistrada aceptó excarcelar a Zaplana, Barceló y Grau tras bloquear dos cuentas corrientes que estaban en Suiza con un saldo de 6,3 millones de euros, de acuerdo con el auto dictado por la magistrada. Zaplana negó que estas cuentas le pertenezcan, aunque la magistrada considera que «presunta e indiciariamente el 90% pertenece a Eduardo Zaplana» y, el resto, a sus dos presuntos testaferros, Joaquín Miguel Barceló y Francisco Grau Jornet. Este dinero procede presuntamente del cobro de comisiones por la adjudicación de las concesiones de las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en 1997 y del Plan eólico valenciano (2002). Un hecho que Zaplana también niega. El problema que tuvieron precisamente los investigadores fue acreditar el rastro del dinero ya que éste ha viajado por diferentes paraísos fiscales a través de sociedades pantalla con la intención de repatriarlo a España. Ahora Compromís propone darle la vuelta a aquel fraude.
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