La Fiscalía Anticorrupción considera en su denuncia inicial del Caso Alquería, que investiga al expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez por prevaricación y malversación, que el exdirigente socialista creó una «estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del consejo de administración» de Divalterra «formada sólo por los consejeros miembros de los partidos políticos que sustentan a la Diputación provincial, no amparada en los estatutos y que evidencia el desplazamiento de las funciones que corresponden al consejo de administración» de Divalterra, según consta en la denuncia del Fiscal Anticorrupción, incluída en el sumario, del que se levantó ayer el secreto del sumario.
En la causa se han recogido numerosos correos electrónicos que evidencial «no sólo el grado amplio de conocimiento de las arbitrariedades que se producen, sino los artificios buscados para tratar de amparar los contratos de alta dirección» investigados que, según el fiscal, «corresponden a un voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación de València y afín al presidente de la misma».
El expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, sus tres exasesores y los dos exgerentes de Divalterra fueron detenidos el pasado mes de junio al estar investigados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por el Juzgado de Instrucción 9 y la Fiscalía Anticorrupción. La investigación se abrió por promover y aprobar la contratación de diez altos cargos en la empresa pública dependiente de la diputación, Divalterra, heredera de Imelsa, uno de los epicentros de la investigación del Caso Taula.
Las contrataciones se habrían producido a pesar de las advertencias de los responsables jurídicos que habrían advertido de las ilegalidades de las contrataciones pero que, a cambio, habrían recibido presiones, amenazas e insultos como en el consejo de administración del 15 de noviembre de 2016 en el que el auditor interno de Divalterra advirtió de unas supuestas irregularidades y fue «mandado callar por el presidente del consejo de administración» de Divalterra, Jorge Rodríguez, «diciéndole en varias ocasiones el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego, que era un hijo de puta». El auditor, a la vista de lo que sucedía, abandonó la empresa en diciembre de 2017.
