16 de abril de 2019
16.04.2019

La corrupción por su gestión en el Consell persigue al PP en plena campaña electoral

Blasco es recibido al grito de «ladrón» en la Ciudad de la Justicia de València para el segundo juicio por el fraude de Cooperación

16.04.2019 | 00:00
Rafael Blasco y AugustoTauroni ayer en el juicio por la malversación de las ayudas a la coooperación.

La vista se aplaza para negociar un pacto.

Con la doble cita electoral ya en marcha, al Partido Popular le persigue un nuevo problema en los tribunales relacionado con su anterior etapa al frente de la Generalitat, el segundo juicio por la malversación de las ayudas a la cooperación, con una trama de implicados cuyos principales cabecillas son el exconseller Rafael Blasco y César Augusto Tauroni. Un juicio que además se va a alargar en el tiempo por lo que afectará tanto a las elecciones generales y autonómicas como a las elecciones municipales. El segundo juicio por la malversación de las ayudas a la cooperación comenzará finalmente el 6 de mayo, si un pacto entre la mayoría de los 24 acusados y la Fiscalía Anticorrupción no lo evita antes. La sombra de la suspensión planeaba sobre la primera jornada de la vista que ha de juzgar el desvío de 5 millones de euros en 23 proyectos de ayudas a diez países empobrecidos y al hospital de Haití que nunca se construyó pero en el que se gastaron 177.000 euros.

El pronóstico de la suspensión se cumplió tras un agrio debate, con mano de hierro pero guante de terciopelo, entre los abogados de las defensas y la Fiscalía Anticorrupción. Los letrados de la mayoría de acusados afearon que el acuerdo (en el caso de Rafael Blasco firmado por la Fiscalía y sus abogados el 5 de junio de 2018 y formalizado ante notario) o los preacuerdos verbales alcanzados por la mayoría de los acusados quedaron «la semana pasada» en papel mojado.

«Ante la sorpresa por este cambio es prudente no dar comienzo a las cuestiones previas porque tal vez se vehiculice de otra manera el proceso, tal como estaba determinado», señaló el letrado de Blasco, Javier Boix. La defensa de Augusto Tauroni, que ejerce José Vicente Gómez Tejedor, hizo mención a la «situación comprometida [de su defendido] por la ruptura del acuerdo por parte de la Fiscalía Anticorrupción» lo que afectaba al derecho de defensa ya que «no se prepara la vista, no por indolencia, sino porque había un acuerdo cerrado».

Una postura que atornilló el letrado de Marc Llinares, José María Catalayud Barona, quien dio el argumento clave: «La Fiscalía Anticorrupción es una institución. Y alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía, no con la persona en concreto», advirtió el abogado en referencia al cambio de Fiscal, tras la marcha del anterior representante en esta causa del Ministerio Público al TSJCV, como magistrado. Por ello, recordó, «no es que no se prepare la vista, sino que dedicas el tiempo a acreditar las condiciones que se exigen para llegar a un acuerdo. Aunque la estrategia de defensa cambió totalmente la semana pasada», lamentó. Por ello Calatayud Barona alegaba «no estar en condiciones de defender a mi cliente, porque [todo] se basaba en desarrollar el acuerdo alcanzado. Pero todo eso ha cambiado de repente. Se ha producido un cambio del que no somos responsables, pero sí perjudicados».

El fiscal contraatacó diciendo que era «incierto todo lo alegado por las defensas, a excepción del letrado Manuel Salazar». Este último representa a la exjefa de servicio de la Conselleria de Solidaridad, Dolores Escandell, que fue uno de los pocos que explicitó no haber llegado a un pacto con la Fiscalía, junto al empresario Luis Fernando Castel, representado por el abogado Mariano Lorente. El Ministerio Público, que no se opuso a la suspensión para intentar llegar a un acuerdo, aseguró que lo expresado por las defensas «no se ajusta a la realidad» y mostró una rotunda «discrepancia con sus alegatos» porque «no hay incumplimiento de preacuerdo con ninguna de las defensas». Recordó que el pacto no se ha producido por «la falta de consignación de las responsabilidades civiles como condición insalvable e insoslayable para alcanzar un acuerdo». La Abogacía de la Generalitat y la Cvongd negaron haber llegado a acuerdos y exigieron la devolución del dinero malversado.

La llegada de Blasco a los juzgados estuvo envuelta en un coro de protestas y gritos de «ladrón» por parte de una veintena de personas que reclamaban la devolución de los fondos detraídos de proyectos de cooperación internacional y que habían sido convocados por la Coordinadora Valenciana de ONGD. Entre los manifestantes, que portaban pancartas con frases como «sentencia ejemplar, Blasco inmoral», se encontraban los candidatos de Unidas Podemos Ferran Martínez y Rosa Pérez Garijo. «No es un caso más, es una de las tramas más indignas de los últimos años», recordaron Lourdes Miró y Carles López de la Coordinadora Valenciana de ONGD. Blasco fue condenado en 2014 junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama corrupta a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza, ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario este enero.

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