La magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de València que investiga el caso Azud envió ayer a prisión al abogado y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, investigado por el cobro continuado de comisiones entre 2006 y 2015 a contratistas del Ayuntamiento de València. La jueza tomó esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Una medida extraordinaria y excepcional que se adopta para evitar la destrucción de pruebas, el riesgo de fuga y la supuesta continuidad delictiva, como sucedió en el caso Erial, cuando el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, también fue enviado a prisión junto a sus dos supuestos testaferros. En la decisión adoptada por la magistrada también debe haber pesado la elevada cantidad de dinero en supuestas comisiones que supuestamente habría obtenido el abogado José María Corbín en su tarea de «mediador» con empresarios contratistas del Ayuntamiento de València y que rondaría o, incluso podría superar, los cuatro millones de euros.
Los investigadores del caso Azud imputan al abogado José María Corbín los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
El letrado había permanecido detenido desde el martes por los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tras finalizar los exhaustivos registros (que en algún caso se prolongó hasta las tres de la madrugada), Corbín y su socio pasaron ayer a disposición judicial a media tarde. Una jornada que acabó con el cuñado de Rita Barberá en la cárcel de Picassent y su supuesto socio libre, sin fianza, y con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
Los contratistas del Ayuntamiento de València no declaran ante la Guardia Civil
Los empresarios Prieto y Turró apenas comparecieron durante media hora, junto a sus abogados, ante la UCO
El misterio de qué empresarios habrían resultado salpicados por el caso Azud que investiga el presunto pago de comisiones al cuñado de Rita Barberá se resolvió ayer, en parte. Dos de los principales contratistas del Ayuntamiento de València comparecieron a primera hora de la tarde de ayer ante los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata de Vicente Prieto, antiguo propietario de la mercantil Secopsa, y de Carlos Turró, presidente de Cleop. Ambos acudieron a las 15.40 y las 16.35 horas, respectivamente, a la Comandancia de la Guardia Civil del barrio de Patraix. Su estancia en el edificio de la calle Calamocha de València no se prolongó más allá de veinte o treinta minutos, por lo que los dos se acogieron probablemente a su derecho a no declarar. Una postura habitual entre las personas investigadas en sumarios en los que se ha decretado secreto del sumario incluido para las partes. Prieto y Turró abandonaron el cuartel de la Guardia Civil sin hacer declaraciones a los numerosos periodistas que les esperaban a la puerta.
Testigos en la subpieza Laterne
Ambos empresarios ya tuvieron que declarar por la subpieza Laterne del caso Taula que investiga las donaciones de una docena de empresas a la consultora Laterne Product Council, responsable de la campaña electoral del PP de València ciudad en 2007, que supuestamente se financió de forma ilegal con las aportaciones empresariales que alcanzaron los 2,6 millones de euros. Aunque en esta causa sólo comparecieron como testigos ya que, debido al tiempo transcurrido, estos hechos ya habían prescrito para los empresarios, pero no para los políticos que orquestaron este dopaje electoral (presuntamente Alfonso Grau y Mari Carmen García-Fuster) que sí están investigados por delito electoral. Precisamente García-Fuster, la alterego de Rita Barberá y administradora del grupo municipal popular de València estaba defendida por José María Corbín en el caso Taula.
El empresario Carlos Turró sí suma una nueva imputación ya que aparece investigado en varias piezas separadas del caso Taula por el presunto pago de comisiones para obtener adjudicaciones en la concejalía de Cultura de València, la empresa pública responsable de la construcción de colegios Ciegsa y la Diputación de València. Turró también fue el adjudicatario de la grúa municipal de València.
