La Generalitat tiene depositadas sus esperanzas en las propiedades en EE UU de uno de los cabecillas de la trama del caso Cooperación, el empresario Augusto César Tauroni, para resarcir el saqueo causado en las arcas públicas por el exconseller Rafael Blasco y el resto de condenados. Una vez que el Tribunal de Cuentas ha activado la subasta de las posesiones del resto de protagonistas del caso, la atención se desplaza a los bienes de Tauroni en EE UU.

Las gestiones se han demostrado complicadas. Los dos pisos y un yate están embargados por orden judicial desde 2016 y la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Estado es la formalmente encargada del asunto desde 2017. El empresario, que en 2018 salió de la cárcel tras cumplir su pena por la primera pieza del caso, no cuenta con propiedades conocidas en España y, por la responsabilidad civil de la citada pieza, solo se le han recuperado 21.914 euros.

La cantidad contrasta con los contratos que las empresas de Tauroni obtuvieron en distintos departamentos del Consell por los que pasó Blasco. El recuento realizado por la dirección general de Relaciones con las Cortes, en manos de Antonio Torres, eleva a más de trece millones esta cantidad. Los primeros cobros se remontan a 1999, aunque el primer gran contrato es de 2002. Firma la gestión de los centros Mujer 24 Horas para cuatro años por 6,7 millones en total. Blasco ocupaba entonces la cartera de Bienestar Social. Fue entonces cuando el nombre del socio de Bernardo Blasco (hermano del exconseller) en una empresa de fruta saltó a los medios.

En total, según los datos recopilados por Torres, Tauroni obtuvo contratos importantes entre 2001 y 2011 (Blasco dejó su periplo de multiconseller ese año) a través de tres sociedades: GCS, Lonerson y Dinamiz-E y mediantes uniones temporales de estas empresas con otras del ramo de la informática y los servicios. Teleasistencia, teléfonos de atención a mayores, menores, dependientes, los de los proyectos Menjar a Casa y Major a Casa fueron algunas de las adjudicaciones que logró. En total, 13,1 millones de euros. Si se computan los proyectos públicos para los que estas empresas fueron subcontratadas por otras firmas que habían obtenido los contratos, habría que sumar otros 1,5 millones.

Y, sin embargo, solo se han podido recuperar cerca de 22.000 euros a Augusto César Tauroni. Es el 0,2 % del perjuicio causado en las arcas públicas en el que estaría implicado el empresario, según las resoluciones del Tribunal de Cuentas. El organismo estableció una responsabilidad civil total de 11,2 millones por todo el caso. De 10,9 millones tendría que hacer frente de manera solidaria Tauroni, ya que fue absuelto por la institución contable en la pieza menor de todo el caso Blasco. El Consell ha reforzado las gestiones hacia EE UU. Sus cálculos son que los bienes a subasta de Blasco y el resto de condenados pueden dar para cubrir los 2,7 millones de responsabilidad civil de la primera pieza. El resto, hasta los once millones, podría alcanzarse con los dos pisos en una zona de lujo en Miami (en Brickell Avenue y Biscayne Boulevard), el yate marca Eclipse y las cuentas que, supuestamente, las autoridades estadounidenses habrían localizado.

Tauroni pidió en 2018 poner en venta los apartamentos, con la idea de ingresar unos 1,5 millones. La Generalitat no cierra la puerta a esa posibilidad, pero previa tasación independiente. Calcula que puede obtener más. En todo caso, los trámites con EE UU van lentos y no habrá resarcimiento final, si lo hay, hasta la próxima legislatura.