04 de abril de 2019
04.04.2019
Durante el mandato del PP

Investigan si el cuñado de Barberá cobró mordidas nueve años en València durante el mandato del PP

La Guardia Civil también acusa al abogado Jose María Corbín, que hoy pasará a disposición judicial, de falsedad y delito contra la Hacienda Pública

03.04.2019 | 23:32
Investigan si el cuñado de Barberá cobró mordidas nueve años en València durante el mandato del PP

La operación Azud, como han bautizado los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la investigación sobre el abogado y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, ha puesto la lupa sobre la última década de mandato de la exalcaldesa de València, entre 2006 y 2015, según confirman varias fuentes conocedoras de los hechos.

Se trata de los dos últimos mandatos (y pico) en los que mientras Barberá acrecentaba su poder, alcanzaba su techo de votos y crecía su leyenda como «alcaldesa de España» -como la llegó a bautizar Rajoy-, su cuñado José María Corbín también aumentaba su cuenta de resultados en su despacho de abogados, presuntamente, a costa del supuesto cobro de comisiones como «mediador» en todo tipo de áreas del Ayuntamiento de València. El despacho Corbín Abogados SL sería la puerta de entrada a la contratación en el Ayuntamiento de València en todo tipo de áreas y de forma transversal, sin centrarse solo en el urbanismo. Y que supuestamente repartía favores, prebendas o aceleración de trámites entre los contratistas del Ayuntamiento de València, previo pago de supuestas comisiones, como si fuera un dispensador de turnos de un supermercado.

Aunque por ahora solo ha trascendido que los agentes de la UCO estuvieron ayer en la Central Operativa de Saneamiento (COS) «revisando documentación». Desde la COS se revisan todas las «estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales, las estaciones depuradoras de aguas residuales, los bombeos de pasos inferiores y las compuertas de derivación» además del alcantarillado de toda la ciudad. Un servicio que gestiona desde 2006 la unión temporal de empresas (UTE) Acciona Infraestructuras SA e Infilco Espanola SA. Al encontrarse la causa secreta, no ha trascendido si ambas empresas están investigadas en el caso Azud, aunque sí hay al menos cinco empresarios investigados, según la escasa información que ha trascendido hasta ahora.

La «operación Azud» que dirige el Juzgado de Instrucción 13 y la Fiscalía Anticorrupción de València junto a la UCO de la Guardia Civil investiga a los diez imputados por los presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. de los delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública. Aunque fuentes de la investigación informaron a la agencia Efe que a Corbín y su socio y abogado Diego Elum, detenido el pasado martes, también se les acusa de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Las comisiones cobradas por Corbín durante la década que se investiga podrían alcanzar, e incluso superar, los cuatro millones de euros. A mitad de la pasada década también se produce la conexión entre el abogado José María Corbín y la consultora de comunicación Laterne Product Council SL -desaparecida en 2011- y sospechosa de haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la ciudad de València en las elecciones de 2007, en las que Barberá alcanzó su techo de voto: un total de 235.158 sufragios, el 56,67% del electorado.

Un éxito que, se ha sabido después, pudo lograr porque el PP de la ciudad de València concurrió dopado a las elecciones: declaró haberse gastado solo 150.000 euros en la campaña electoral de 2007 cuando, en realidad, se gastó 2,5 millones de euros, según se desveló en la subpieza bautizada como Laterne dentro del caso Taula, que investiga el pago de comisiones en la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de València. En la subpieza Laterne de la macrocausa Taula es donde aparece la figura del abogado Jose María Corbín como asesor jurídico de la empresa Product Management Council SL (PMC), constituida el 14 de diciembre de 2007. Esta mercantil, en la órbita de Laterne Product Council, se creó para «dedicarse a hacer varios proyectos de promoción de la ciudad». Aunque la «verdadera finalidad de PMC era la de concurrir conjuntamente a licitaciones públicas y así repartirse el mercado», previo pago de 150.000 euros por empresa (aunque alguna llegó a los 500.000 euros).

En esta aventura empresarial, que nunca llegó a fructificar en un proyecto concreto y ni siquiera concurrió a ningún concurso, se embarcaron algunos contratistas del Ayuntamiento de València que sí abonaron el peaje que, posteriormente, alguno consideró «una estafa» o «una donación a fondo perdido» en sus declaraciones ante el juez. La creación de PMC se gestó en reuniones en despachos y hoteles entre el propietario de Laterne (Vicente Sáez Tormo), representantes de los contratistas, José María Corbín y el entonces vicealcalde, Alfonso Grau.

Registran el chalé de los Corbín-Barberá en Xàbia

Los agentes de la UCO registraron ayer el chalé que José María Corbín y su esposa, Asunción Barberá, poseen en una exclusiva urbanización de Xàbia. Tanto Asunción como María José, otra de las hermanas de Rita, tienen casa en el municipio de la Marina Alta, y la exalcaldesa de València las visitaba a menudo. Corbín, en Xàbia, también hizo sus pinitos en el negocio de la construcción. Fue secretario de la mercantil Desarrollo Comercial Cansalades SA, de la que también formaba parte el senador Pedro Agramunt.

La empresa construyó 300 chalés en la ladera virgen de las partidas de Cansalades y Ombria, que lindan con la Granadella. Lo hizo justo después de que el PP tumbara con una moción de censura a Eduardo Monfort, quien gobernaba con PSOE y Bloc. El abogado mantuvo durante 16 años un pleito con el Ayuntamiento. Le construyeron un apartahotel junto a su chalé y consideró que se había cometido un delito contra la ordenación del territorio, Sentó en el banquillo de los acusados a dos alcaldes de Xàbia y a siete ediles.

El abogado Corbín, ahora detenido, sostenía que autorizaron un negocio de hotel, pero luego se hicieron casas y se vendieron.

El Ayuntamiento se personará para recuperar «hasta el último euro»

El Ayuntamiento de València pedirá su personación en el caso por el supuesto cobro de comisiones ilegales a contratistas del consistorio en la etapa de gobierno del PP. El alcalde, Joan Ribó (Compromís), explicó que ha encargado al abogado del Ayuntamiento que prepare la documentación para personarse en la causa «cuando sea procedente» por considerar que son parte «afectada» y para reclamar que «se devuelva hasta el último euro que se sustrajo». Según Ribó, el caso Azud «cada vez se parece más» al caso Erial aunque a nivel municipal.

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