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Los impagos de Madrid con el Consell retrasan el pago de 93 millones para política social

Compromís marca distancias, mete el conflicto del FLA en la campaña para desgastar a los socialistas y asegura que se gestiona «contra los valencianos»

La Junta de Síndics en las Cortes Valencianas, celebrada en medio de la polémica de los impagos. a. i.

En un indudable intento de marcar distancias con los socialistas y defender su espacio de cara a las elecciones autonómicas y generales del próximo 28 de abril, Compromís volvió ayer a poner el dedo en la herida abierta por los impagos de Pedro Sánchez con el retraso del Fondo de Liquidez (FLA) que ahogan la política social de la Generalitat, un elemento que ya está en campaña. Desde la conselleria de Políticas Inclusivas, área gestionada por Compromís y la vicepresidenta Mónica Oltra, denunciaron ayer que el Ministerio de Hacienda ha hecho caso omiso de sus reclamaciones, lo que ha generado una deuda que, en estos momentos, ya supera los 93 millones de euros. En lo que supone un nuevo escollo en las relaciones entre los socios del Botànic, los socialistas prefirieron levantar el pie del acelerador, evitar el conflicto con Madrid y se limitaron a asegurar que el reparto de fondos ordinario «ya está operativo» y que el extraordinario se resolverá en unos días.

Sin embargo, Compromís trató de desmarcarse de esta postura y criticó con dureza las decisiones adoptadas por el Gobierno de Madrid. La formación denunció que con el sistema del Fondo de Liquidez del anterior gobierno, el PP permitía el pago a las entidades sin ánimo de lucro y empresas que trabajaban para Igualdad, «prestando servicios a las personas vulnerables vía subvención o concierto». Sin embargo, una interpretación de la ley del nuevo gobierno de Pedro Sánchez «prioriza» el pago a las empresas sobre las entidades sin ánimo de lucro. Fuentes de Compromís recordaron que desde el gobierno Central se realizó un adelanto del fondo de rescate de cerca de 600 millones que no han servido para eliminar tensiones de Tesorería y pagar a las entidades, puesto que el montante ha ido directo a abonar una deuda con los bancos «que es fruto de la infrafinanciación».

Con estos hechos, Compromís quiere demostrar «la perversión» que supone la falta de un sistema de «financiación justa» para la Comunidad Valenciana, criticando «la insuficiencia financiera que el gobierno de España parchea con un fondo que llega cuando les parece bien, que llega con unos intereses que generan una deuda que, a su vez, es lo primero que nos obligan a pagar cuando llega el fondo». Recordar que la formación ha formalizado una reclamación en reiteradas ocasiones para que el gobierno incluya en el calendario del primer semestre la transferencia de la liquidación del modelo que se suele abonar de una vez en el mes de julio. Para Fran Ferri, síndic parlamentario, se trata de algo «grave» porque «no es dinero para abonar deudas heredadas ni mala gestión, sino para sanidad, dependencia o los centros de menores que hoy se manifiestan porque no han cobrado». «Parece que el gobierno ha dejado toda la política en manos de los funcionarios y está dejando de hacer política para los valencianos», aseveró Ferri.

El PP, por su parte, exigió la comparecencia en las Cortes del presidente Ximo Puig para explicar los impagos de Pedro Sánchez. El requerimiento resulta cuanto menos llamativo si se tiene en cuenta que cuando gobernaba Rajoy, la Generalitat también denunció que no había recibido del modelo de financiación los recursos que le correspondían y el PP callaba. Para la popular Eva Ortiz, Puig tiene que «explicar estos impagos, el impacto del plan de ajuste y si tiene que ver con sanidad, educación o servicios sociales». Según subrayó Ortiz, «el Consell no ha dado luz y taquígrafos». Efectivamente, el envío de Fondo de Liquidez está bloqueado a la espera de dar el visto bueno al plan de ajuste. Por los socialistas, Manuel Mata insistió en que «el FLA ordinario ya está disponible y estará operativo, y el extraordinario está negociado con el Gobierno. Será en unos días». Desde Presidencia apuntaron que, pese a todo, este año el dinero procedente del fondo de liquidez se cobrará antes que durante los mandatos de Mariano Rajoy en la Moncloa.

Los centros, inconformes con la respuesta de Oltra

Los responsables de los centros de menores que han tenido que suspender terapias por los impagos de los últimos meses denunciaron ayer que si no abonan los seguros sociales y otros gastos, «a la Conselleria no le temblará el pulso en suspendernos y denegar cualquier subvención, contrato o concierto», por no estar «al corriente de nuestras obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social». Ante este escenario, preguntaron a Mónica Oltra si los centros «pueden hacer lo mismo que ella y decir que no hacen frente a sus obligaciones porque Madrid debe el FLA».

Las Cortes barajan tres opciones para hacer accesible el hemiciclo

El parlamento se prepara ante la más que probable elección de la alicantina Laura Soler como diputada

La Mesa de las Cortes Valencianas trató ayer el tema de hacer el hemiciclo totalmente accesible, una cuestión que no es nueva, porque se están barajando varias opciones de intervención desde el año 2016. Después de la Mesa y de la Junta de Síndicos, el presidente de las Cortes, Enric Morera, se reunión con técnicos y personal de la Conselleria de Infraestructuras y de la cámara para valorar las opciones que se tienen que ejecutar lo antes posible. De hecho, esta reunión estaba cerrada por el letrado responsable del tema desde el pasado 28 de marzo, después de hacerse públicas las listas electorales de las tres circunscripciones valencianas y comprobar que se podría dar el caso que entrara como diputada en la próxima legislatura una persona con movilidad reducida como es Laura Soler, número tres del PSPV por Alicante; y otra sorda, Pilar Lima, de Podemos, que se presenta por Valencia.

El presidente Morera declaró que desde la Mesa y desde los servicios de la cámara, «se está trabajando para preparar la nueva legislatura y para preparar una nueva etapa en la cual tenemos que ser un ejemplo de plena accesibilidad, sin ninguna discriminación, por eso se está colaborando al máximo con los técnicos de la conselleria, que son conocedores del tema, para poder actuar siguiendo todas las normativas, tanto estatales como autonómicas, de accesibilidad, de uso y de seguridad». Morera afirmó que la cuestión de la eliminación de barreras arquitectónicas en las Cortes «es un caso en el que están implicados los servicios de la cámara, desde los letrados, pasando por mantenimiento y entre las tareas que se tienen que hacer está el contacto con parlamentos autonómicos que hayan tenido diputados con dificultades de movilidad, como también el Parlamento Europeo, para conocer cómo han ejecutado los trabajos para la plena accesibilidad».

Según el informe, la actuación para facilitar la participación en el pleno de personas con movilidad reducida son tres. La primera opción es la más sencilla, porque es habilitar las intervenciones desde un lateral de la Mesa de las Cortes en el pleno, aunque esta opción no es la preferida porque las intervenciones no serían desde el mismo lugar que el resto de parlamentarios. La segunda opción es la instalación de una rampa lateral y la modificación de la tribuna y la tercera opción sería el montaje de un mecanismo salva-escaleras, también con una adaptación de la tribuna de los oradores.

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