La Comunidad Valenciana cerró sus cuentas el pasado año con un desfase entre ingresos y gastos no financieros de un total de 1.456 millones, lo que supone el 1,29% del PIB valenciano, frente al objetivo simétrico establecido para todas las autonomías, fijado en su día en el 0,4% del PIB. Un déficit que se elevó en 2018 en nada menos que 115 millones por dos «pufos» en la provincia que se derivan de la etapa del PP en el Consell.

En concreto, hay dos sentencias contrarias a la gestión de la Generalitat durante mandatos de los populares ligados a la provincia de Alicante. Por un lado, las indemnizaciones derivadas del auto judicial que obliga a demoler las torres Gemelos 28 de Benidorm. No hay que olvidar que estos edificios no cumplen con la Ley de Costas al traspasar la zona de servidumbre que establece la legislación. El permiso de obra de estas construcciones fue otorgado bajo la tutela de los populares, tanto el ámbito municipal como en el autonómico. Ahora, el Consell tendrá que hacer frente a las indeminizaciones derivadas de la demolición de estos edificios para resarcir a los vecinos. El desembolso se eleva a los 101 millones. Una cifra a la que aún hay que sumarle el coste de la demolición. Un agujero que, sin ir más lejos, duplica el presupuesto de un año de la conselleria de Transparencia.

El fallo desfavorable a la administración autonómica por las modificaciones, dilaciones y ampliaciones de plazo en la ejecución del Acceso norte a Alicante, en la avenida de Dénia, también incrementa en cerca de 15 millones el déficit de la Comunidad. La reclamación se realizó en el año 2011, cuando los populares gobernaban tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Alicante. Con todo, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, especificó ayer que el déficit se ha generado a ráiz de «las restricciones que el Gobierno central aplicó a la financiación en términos de caja de la Comunidad», además de las provisiones que «hemos tenido que llevar a cabo para pagar sentencias». De no ser así, el responsable del departamento autonómico de Hacienda consideró ayer que la Generalitat sí habría cumplido con ese techo del 0,4%.