El Estado y la Generalitat van a iniciar las negociaciones para limar asperezas sobre las discrepancias surgidas en la recién aprobada Ley de Mediación de la Comunidad Valenciana. Así las cosas, ambas administraciones se sentarán a la mesa en una comisión bilateral para tratar los aspectos cuestionados por el Gobierno central. Así se exponía ayer en el acuerdo de la comisión del citado órgano, publicado ayer en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La comisión ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias existentes y designar un grupo de trabajo para proponer a este organismo la solución que proceda. No hay que olvidar que la conformación de este órgano es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad siempre que no se llegue a ningún acuerdo en un plazo de seis meses.

Cabe recordar que la ley autonómica de mediación busca fomentar los procedimientos para la resolución de conflictos como alternativa a los procesos judiciales, y reivindica el «diálogo, la participación y la convivencia» para evitar la judicialización de los conflictos. Así, la ley crea el Centro de Mediación de la Comunidad, el órgano administrativo encargado de fomentar y facilitar el acceso a la mediación, y el Registro de personas y entidades mediadoras, para facilitar el acceso a la ciudadanía a los profesionales que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Además, contempla un Consejo Asesor de Mediación de la Comunidad, un órgano colegiado consultivo y de participación de la Generalitat en esta materia, que entre otras cuestiones elaborará un informe anual sobre la situación de la mediación y actuará como observatorio de la misma. La norma regula también la mediación gratuita para quienes no tienen recursos y establece un régimen sancionador, en el que se considera infracción muy grave incumplir los deberes de confidencialidad y secreto profesional, o recibir cualquier cuantía económica por la actividad mediadora.