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Caso Erial: Comprar por cuatro y vender por ocho

El abogado uruguayo que admitió haber gestionado el patrimonio de los investigados en el caso Erial en el extranjero declaró ante la magistrada y el fiscal que Zaplana esperaba vender las parcelas que tenía en La Vila por el doble de lo que pagó por ellas

Vista del plan parcial de La Vila donde están ubicados los terrenos. DAVID REVENGA

Suelo para levantar apartamentos turísticos y un hotel en primera línea de la playa de La Vila Joiosa. Se trata de uno de los activos más jugosos intervenidos a los investigados en el caso Erial y con los que la trama esperaba conseguir entre siete y ocho millones de euros, según las pesquisas. Las parcelas se encuentran dentro del Plan Parcial PP-15 en la zona de Poble Nou.

Según el sumario, el suelo del entramado de Erial en el plan parcial de La Vila consistiría en dos parcelas: una destinada a vivienda residencial y la otra para uso hotelero. El suelo está a nombre de la sociedad Gesdesarrollo SL, cuyo administrador único es Joaquín Barceló pero que, según apunta la investigación, estaría actuando como testaferro de Zaplana, quien sería el propietario real de estos bienes.

El abogado uruguayo Fernando Belhot, que admitió haber gestionado el patrimonio del expresidente de la Generalitat en el extranjero, aseguró en su declaración ante el juzgado que la sociedad se hizo con ese suelo por cuatro millones de euros y que esperaba venderlo por entre siete u ocho millones. Prácticamente el doble del valor de adquisición.

Durante los años 90, cuando Zaplana ya se encontraba al frente de la Generalitat Valenciana, la zona del Poble Nou fue fuente de numerosos hallazgos arqueológicos histórico. Aunque la adjudicación del Plan Parcial se aprobó en el año 2004, «el proceso de recalificación se enquistó y no es fue 2014 cuando se consigue concluir. Posteriormente se reparcela y es ahora en 2018 cuando se ha urbanizado». La frase aparece en un documento encontrado en el maletín de Zaplana el día de su detención y en el que hay una hoja de ruta con el destino del suelo y otras adquisciones inmobiliarias en la zona.

El sumario refleja que a través de dicha mercantil los investigados habrían realizado compras inmobiliarias con el dinero oculto en el extranjero y procedente de las mordidas del expresidente del Consell. Las escuchas telefónicas desvelaron que poco antes de las detenciones, Barceló estaba a punto de cerrar la venta de la parcela para el hotel por valor de 2,4 millones de euros. En cuanto al suelo residencial, las obras de urbanización del entorno estaban prácticamente terminadas. Los pinchazos telefónicos revelan también que Barceló estaría intentando eludir el porcentaje de Viviendas de Protección Oficial asignada a ese suelo. «Eso no es negocio», dice Barceló al arquitecto que está trabajando en el diseño de la construcción en las parcelas en una conversación interceptada el 27 de abril de 2018.

Pagos en B

Entre la documentación hallada en los registros se encontró una nota en la que se apuntaba a que parte del dinero por la compra de ese suelo en el año 2006 pudo haberse abonado en negro. «La transferencia fue para pagar la cantidad en B aplazada por la compra de su solar en primera línea hasta la obtención de la cédula urbanística», una explicación que se dejaba por escrito para justificar una trasferencia de algo más de un millón de euros a la sociedad luxemburguesa Anipa Corporation. Luxemburgo es uno de los países donde se ocultó inicialmente el dinero de los sobornos, según los investigadores.

Dentro de la accidentada tramitación que ha tenido el plan parcial, la Agrupación de Interés Urbanístico Antoneta PP-15 ha ido presentando varios escritos al juzgado exponiendo que Barceló había sido destituido de la presidencia de la agrupación a raíz de su arresto y pidiendo que les levantaran el bloqueo judicial que pesaba sobre la cuenta de la urbanizadora y al que necesitaban para hacer frente a los pagos por el desarrollo urbanístico del sector por el resto de los propietarios. Una vez acreditado, el juzgado ha levantado el bloqueo a la cuenta, tal como publicó el viernes este diario.

El valor catastral de los inmuebles intervenidos a los investigados por el caso Erial ronda los tres millones de euros, la mayor parte de ellos en la provincia de Alicante. La magistrada que investiga la presunta trama de corrupción los intervino ante la sospecha de que estos bienes pudieran haber sido adquiridos con fondos procedentes de las presuntas mordidas que se atribuyen al exjefe del Consell. Desde que se produjeron los arrestos, los investigados están reclamando a la magistrada que levante el embargo preventivo sobre los citados bienes. La respuesta que ha dado el juzgado es que el levantamiento del embargo está condicionado a que se acredite la procedencia del dinero con el que fueron comprados. Por este motivo, la magistrada acordó el pasado enero la devolución del chalé en Benidorm requisado de manera preventiva a Zaplana al acreditar éste que su adquisición fue anterior a los hechos investigados.

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