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Los investigadores del caso Erial descartaron pinchar el móvil a Zaplana y su familia

Evitaron intervenir los teléfonos tras barajar la posibilidad de que al exministro pudieran filtrarle que estaban interceptadas las comunicaciones

Eduardo Zaplana en una imagen reciente en una de sus comparencias en el juzgado de guardia. fernando bustamante

El exministro Eduardo Zaplana, principal encausado en la operación Erial que investiga alrededor de un decena de delitos relacionados con el supuesto cobro de mordidas millonarias por parte de quien también fuera jefe del Consell (1995-2002) y su posterior blanqueo, nunca ha tenido su teléfono intervenido en el curso de este procedimiento.

Los investigadores barajaron la posibilidad de hacerlo pero la descartaron casi de inmediato ante el temor de que el expolítico del PP pudiera ser alertado de los pinchazos, lo que habría puesto en peligro unas pesquisas que se iniciaron en noviembre de 2015 y que desde entonces hasta la detención de los investigados se han desarrollado en el más absoluto secreto.

La posibilidad de que se produjeran filtraciones también se tuvo en cuenta en relación a los miembros de la familia del expolítico del PP, tres de cuyos miembros (su mujer, una de sus hijas y su yerno) figuran asimismo como investigados en este proceso y a quienes tampoco se les han interceptado las comunicaciones en ningún momento de la instrucción.

Alto riesgo

Fuentes cercanas a la investigación precisaron que aunque no existía ningún dato concreto que hiciera desconfiar, la prudencia hizo que se descartaran los pinchazos al considerar de «alto el riesgo» que Zaplana pudiera ser alertado de que sus conversaciones estaban siendo intervenidas. Una precaución que, según concretaron las mismas fuentes, no es exclusiva de este caso sino que acostumbra a tomarse siempre que existe la posibilidad de que la persona investigada pueda tener acceso de una forma u otra a esta información de carácter reservado.

Otras fuentes apuntaron a la posibilidad de que en la decisión también habría podido pesar el nivel de los interlocutores con los que acostumbraba a hablar el exministro, entre los que se encontraban las más altas instancias del Estado, cuyas conversaciones habrían quedado registradas.

Por este motivo los pinchazos se limitaron a los teléfonos de los considerados por los investigadores testaferros/colaboradores del exjefe del Consell: su amigo de la infancia Joaquín Barceló, su asesor fiscal Francisco Grau (ambos también encausados y quienes, como Zaplana, han estado nueve meses en prisión por estos hechos) y el abogado uruguayo Fernando Belhot. El letrado que, en calidad de testigo, ha declarado que movilizó el dinero de las mordidas acumulado en Luxemburgo además de poner a disposición del juzgado el patrimonio oculto en el extranjero de Zaplana, Barceló y Grau: 6,7 millones en metálico y 3,3, en diferentes inversiones, según consta en un documento firmado por Belhot y el fiscal el pasado 14 de diciembre que obra en la causa.

La solicitud para intervenir las comunicaciones de Grau y Barceló se cursó por el juzgados el 2 de febrero, se hizo efectiva unos días después y en el caso de ambos se prorrogó en cuatro ocasiones prolongándose hasta mayo de ese año, cuando se produjeron las detenciones. Para uno de los terminales del Grau el pinchazo se reclamó apenas un mes antes de los arrestos.

Sonido ambiente

Algo más tardía fue la petición de que se interceptaran las conversaciones de Belhot, a quien se le tuvieron intervenidos los terminales menos tiempo que a Barceló y a Grau.

Una vez descartado pinchar el móvil del exministro, en su caso se utilizaron mecanismos de captación de sonido ambiente (las denominadas comunmente chicharras) cuando mantenía encuentros en lugares públicos, como en cafeterías de hoteles. Unas grabaciones cuya calidad no es la idónea dadas las interferencias que se producían por lo que en la transcripción de las mismas figuran múltiples «ininteligible».

El sumario recoge que había otras situaciones, como cuando los contactos tenían lugar en su despacho profesional o en espacios privados, que estas captaciones no eran posibles.

Cautela en la petición de información de los investigados

Los datos bancarios se pedían a las centrales para evitar que desde las sucursales se alertara a quienes se estaba indagando

La decisión de no intervenir las comunicaciones a Eduardo Zaplana ni a ningún miembro de su familia para evitar que el exministro pudiera tener conocimiento de que le estaba investigando no fue la única precaución que tomaron los investigadores de la conocida como operación Erial.

En su pretensión de mantener las pesquisas en el más absoluto de los secretos, los agentes han ido reclamando los datos bancarios que precisaban de los investigados a las centrales de las entidades en vez de hacerlo a las sucursales para prevenir que se pudieran producir filtraciones a los afectados por parte del algún conocido.

Buena prueba de la discreción con la que desde el principio se buscó llevar esta investigación es el escrito firmado por el fiscal Pablo Ponce el 12 de noviembre de 2015, en los albores del procedimiento. En el mismo, el acusador señala que, ante la aparición de nuevos hechos sobrevenidos sobre los que interesa indagar, «se interesa expresamente que se haga constar en el auto que se dicte en su caso que no se registren en el sistema informático los nombres las personas para las que se interesa la investigación a los efectos de preservar el secreto de las actuaciones dado que su inclusión en el sistema podría frustrar tanto el secreto, acordado ya en el causa de que dimana, como en las posteriores diligencias que se pueden practicar y que podrían ser objeto de fácil comprobación».

En este mismo escrito se hacía constar, aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo, que el secreto en torno a estas actuaciones «resulta imprescindible en esta clase de hechos, delitos y personas investigadas que su conocimiento suponga interferir, manipular o incluso destruir las fuentes de prueba que resulta necesario preservar».

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