La controvertida iniciativa legislativa para proteger la maternidad anunciada por el presidente del PP, Pablo Casado, se inspira en buena medida en la ley que hace diez años aprobó el Consell presidido por el popular Francisco Camps y que el Gobierno del Botànic, del PSPV y Compromís, derogó en 2017. La norma autonómica no escapó de la polémica y fue duramente criticada por la izquierda, que la tildó de «paternalista» y «retrógrada» al entender que el objetivo era presionar a las mujeres vulnerables para que no abortaran. La ley, auspiciada por el entonces vicepresidente del Consell, Juan Cotino, cabeza visible del sector católico, incluía medidas para disuadir a las mujeres de que interrumpieran su embarazo con alternativas como la adopción o la acogida.
La ley, de las primeras en el ámbito autonómico, no mencionaba el aborto, si bien la iniciativa surgió como una respuesta del Gobierno valenciano de Camps a la propuesta del entonces gobierno socialista de Zapatero de flexibilizar la ley del aborto. La ley permitió crear una red de voluntariados formada por asociaciones sin ánimo de lucro con marcado carácter conservador, que recibieron ayudas de hasta 300.000 euros en 2010 y 2011, según la información proporcionada en su momento por la comisión de Igualdad de las Cortes.
El PP de Casado ha planteado ahora una ley de apoyo a la maternidad para, al igual que la impulsada en su día en la Comunidad, dar ayudas a las mujeres gestantes, sobre todo las más vulnerables, para que lleven a término su embarazo. La filosofía de ambas normas es la misma. La valenciana hablaba de garantizar los derechos de la mujer gestante a ser apoyada socialmente en su decisión de dar a luz, así como el derecho a la vida en formación desde la concepción. De hecho, una de las novedades de esa ley, derogada ocho años después por el Botànic, es que daba derechos al embrión, de tal manera que la mujer embarazada era considerada, a efectos de ayudas públicas, como si ya fuera madre y hubiera dado a luz.
Casado, que también quiere derogar la actual ley del aborto y volver a la del 85, se ha visto obligado a rectificar después de que trascendiera que su proyecto legislativo incluía la opción de retrasar la expulsión de inmigrantes sin papeles embarazadas si daban el hijo en adopción. Tras la polémica generada, los populares han negado incluso que esta medida estuviera planteada.
La ley de Camps, hoy derogada, no llegaba a estos extremos, si bien había un apartado específico sobre adopciones. Así, en la exposición de motivos se subrayaba la «la responsabilidad de madres y padres, y, si es el caso, el derecho de los hijos a desarrollarse en un ámbito familiar alternativo al biológico cuando este sea imposible, y la consiguiente promoción del acogimiento y la adopción como alternativa a la adopción como alternativas eficaces y reales para permitir a la mujer gestante seguir adelante con el embarazo». De hecho, en uno de sus artículos, el Consell se comprometía a agilizar los trámites en los expedientes de menores.
Sobre las inmigrantes, el Consell se comprometía a garantizarles apoyo institucional aunque no estuvieran en situación irregular. Bonig ha criticado en numerosas ocasiones que el Botànic derogara la ley y ha prometido recuperarla si es presidenta de la Generalitat.
Las ecografías de Cotino y el aval del Constitucional
Ya como presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino (PP) propuso que bajo el amparo de esa ley impulsada por Francisco Camps se obligara a las gestantes a ver una ecografía de su embarazo antes de abortar. Una idea, expresada en su blog personal, que generó un fuerte rechazo. La ley valenciana fue impulsada por el Foro de la Familia y Red Madre que reunió más de 80.000 firmas. El texto fue recurrido, pero el Tribunal Constitucional avaló que el no nacido computara a efectos de las ayudas públicas.