El expresidente de la Generalitat y exministro del Gobierno de José María Aznar, Eduardo Zaplana, alega en un recurso presentado en el caso Erial que lo investiga por diez delitos -resumidos en el presunto cobro de mordidas y blanqueo de capitales- que sus ingresos entre 2001 y 2017 ascendieron a 8,2 millones de euros.

El escrito presentado el 15 de octubre de 2018 aportaba «los justificantes documentales acreditativos del origen» de su patrimonio, que el Juzgado de Instrucción 8 decomisó de forma cautelar tras su detención el 22 de mayo de 2018 «por considerarlos indiciariamente producto del delito». Los bienes embargados son un Audi Q3 y un Audi Q7, además del chalé familiar en Benidorm, que posteriormente se le devolvió al demostrar que lo adquirió el 15 de noviembre de 1995, antes de los hechos que se investigan en el caso Erial.

Para apuntalar la tesis de que su patrimonio es de origen lícito, la defensa de Zaplana aporta «un dictamen pericial de la firma Ayuso Lainez & Monterrey, expertos forenses en contabilidad y finanzas» sobre el patrimonio inmobiliario del exjefe del Consell, «con especial referencia al origen de los fondos utilizados en la adquisición de cada inmueble».

Un dictamen que, según la defensa de Zaplana, concluye que «los inmuebles que son o han sido propiedad del matrimonio Zaplana Barceló se han financiado con fondos procedentes de los ingresos del trabajo de ambos cónyuges, préstamos y el producto de las ventas y plusvalías obtenidas de las ventas de otros inmuebles». También que «el valor del patrimonio inmobiliario del matrimonio Zaplana Barceló no resulta en absoluto desproporcionado en relación a sus rentas lícitas y declaradas». El informe pericial revela que «en el periodo 2001-2017, los ingresos obtenidos por rendimientos de trabajo, según declaraciones del IRPF, ascienden a 8,2 millones de euros, en el caso de Eduardo Zaplana». A los que hay que sumar 1,4 millones que se atribuyen a las ganancias obtenidas por Rosa Barceló en este mismo periodo, por lo que el matrimonio sumó 9,6 millones de ingresos en dieciséis años.

Una cantidad a la que habría que añadir otros 2,6 millones de euros de plusvalías «tras las sucesivas compras y ventas realizadas por el matrimonio, los bienes inmuebles que al día de la fecha son de su propiedad son el piso en Madrid, cuyo precio de adquisición en 2018 fue de 1,8 millones de euros y el chalet de Benidorm, cuyo precio de compra en 1995 fue de 270.455,45 euros», señala la defensa de Zaplana.

El dictamen de parte revela que el matrimonio Zaplana Barceló ha poseído siete propiedades inmobiliarias a lo largo de treinta y un años (de 1987 a 2018). Antes de que Zaplana entrara en política, el matrimonio poseyó un chalé en la urbanización Rocas Blancas y un terreno rústico en la partida del Pla de l'Assagador, ambas en Benidorm, que «fueron posteriormente vendidas». Sería en 1995 cuando adquirieron el chalé en La Cala-Playa de Poniente, actualmente de su propiedad. Y el 23 de septiembre de 1997, ya con Zaplana al frente de la Generalitat, cuando adquirieron el inmueble en la Plaza de la Legión Española (valorado en 420.708,47 euros) que, justifica, adquirieron gracias al préstamo de 450.759 euros realizado por sus suegros, el senador del PP Miguel Barceló (ya fallecido) y su esposa.

Su traslado a Madrid para ser ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de Aznar supuso la venta del piso de Legión Española (donde un sirio encontró la hoja de ruta de las mordidas que desencadenó la investigación del caso Erial) y la compra de una vivienda en el exclusivo Paseo de la Castellana de Madrid, que adquirió por 1,6 millones de euros, merced a un «préstamo hipotecario de la CAM por 2,2 millones de euros», según refleja el informe pericial.

En 2006 el matrimonio Zaplana Barceló decidió vender el piso de la Plaza de la Legión Española por 1,5 millones de euros, por lo que lograron una plusvalía de 1,1 millones de euros que sirvió para la «amortización parcial del préstamo hipotecario de la CAM obtenido para la compra del piso de la Castellana». Dos años después, fue Rosa Barceló la que volvió a adquirir un apartamento en la Plaza de la Legión Española, valorado en 161.261,39 euros, gracias a otra donación de sus padres por esta misma cantidad, que vendió en 2013 por 425.000 euros. De esta manera, según el relato aportado por la familia, los 248.713 euros de plusvalía que obtuvo Rosa Barceló decidió realizar un préstamo de 150.000 euros a su hija, Rosa Zaplana Barceló.

El piso de Castellana

Por último, el exjefe del Consell y su mujer decidieron en 2017 vender el piso del Paseo de la Castellana por 2,8 millones de euros, por lo que obtuvieron una plusvalía de 1,1 millones de euros que, a su vez, destinaron a adquirir otro inmueble en marzo de 2018 en la calle Monte Esquinza de Madrid, valorado en 1,8 millones. Por último, tanto Eduardo Zaplana como Rosa Barceló admiten en este mismo escrito haber participado «a través de donaciones y préstamos concedidos a sus hijas» en la compra de cinco pisos adquiridos por ambas en Madrid, València y Cartagena. Cinco propiedades de elevado coste y en zonas exclusivas de las tres ciudades que hacen sospechar a los investigadores, debido a las escasas rentas que declaran ambas hijas.

De hecho, el problema para Zaplana y su familia es que los investigadores del caso Erial dudan del origen lícito de parte de este dinero que disfrutaron Zaplana y sus hijas. Y han conseguido amarrar en la investigación la presunta relación de Zaplana con sus testaferros valencianos (Joaquín Barceló y Francisco Grau) y uruguayo (Fernando Belhot, que ha decidido colaborar con la justicia y confirmar que manejó casi 8 millones de euros para el expresident). Entre los indicios recabados en el caso, también se encuentra la entrada de 4 millones de euros desde Suiza a las cuentas de su yerno y de Belhot, en 2015 y 20016, que coincidieron en el tiempo con el alquiler del piso de Pascual y Genís (por 3.500 euros al mes que pagaba su yerno) y la compra frustrada por Fernando Belhot de acciones del puerto Marina Greenwich de Altea en la que también medió Zaplana.

«Vamos a Sudáfrica y me pasa una factura de 2 millones»

A pesar de sus elevados sueldos y que, presuntamente, Eduardo Zaplana se nutría del dinero del que le suministraban sus presuntos testaferros, el exministro se mostraba cicatero con sus íntimos amigos. En una conversación grabada por la Guardia Civil entre Joaquín Barceló (amigo de la infancia y hombre de paja de Zaplana) y otro hombre identificado como Juan Ma, en la que el primero relata cómo Zaplana (según deduce la Guardia Civil) les dijo que los invitaba a «ver la Champions League». «¡Que me invita! La última vez que me invitó todavía está Mitsouko (la secretaria de Zaplana) pidiéndome los dineros del avión». Y añade: «Lo mismo que en Sudáfrica. Me dice: Vámonos (a ver la final del mundial de fútbol en Sudáfrica que ganó España en 2010). Y me pasa una factura de dos millones de pesetas. ¿Sabes», relata Barceló. Y lo mismo sucedió en otro viaje a Londres. «Al poco tiempo me llama Mitsouko, que debía el viaje: 1.800 euros».

Cotino llevó 640.000 euros a Luxemburgo cuando dirigía la Policía Nacional

La fiduciaria del Gran Ducado colabora con los investigadores del caso Erial y declara como testigo

El expresidente de las Cortes, Juan Cotino, trasladó 640.000 euros en metálico a Luxemburgo en 2011 (cuando era director general de Policía), según ha declarado ante la jueza y el fiscal anticorrupción del caso Erial, Beatriz García Paesa (sobrina del espía que engañó a Roldán, Francisco Paesa) y testaferra de los Cotino en el Gran Ducado.

García Paesa decidió colaborar con la justicia valenciana y declaró como testigo en el Juzgado de Instrucción 8 de València el pasado 18 de enero para ratificar su relación empresarial, sobre todo, con Vicente Cotino Escriva, «con quien siempre ha tenido mucha relación». La abogada ayudó al empresario valenciano a crear las dos empresas investigadas en el caso Erial por haber canalizado el supuesto pago de mordidas a los presuntos testaferros de Eduardo Zaplana.

Las mercantiles eran Imison International y Fenix Investments, ambas creadas el 16 de mayo de 2001. Para crearlas, la jurisdicción luxemburguesa exige que «esté totalmente desembolsado el capital social para que puedan ser emitidas las acciones al portador de las mercantiles». Y ahí entra en juego el director general de la Policía, Juan Cotino, quien «llevó en efectivo los 600.000 euros [a Luxemburgo], fue la vez que vi en persona a Juan Cotino», según declaró la abogada García Paesa a los investigadores del caso Erial. Una elevada cantidad sobre la que la letrada no puso pegas. «En Luxemburgo no se preocupan del origen del dinero pues parten de que si ha salido de un país, habrá sido de forma legal. Los seiscientos cuarenta y pico mil euros aproximadamente que llevó en efectivo Juan Gabriel Cotino fueron para constituir el capital social de las dos sociedades», en referencia a Imison International y Fenix Investments, utilizadas para pagar los 10,4 millones en mordidas a Joaquín Barceló (amigo y testaferro de Zaplana) y Juan Francisco García (jefe de gabinete de Zaplana), respectivamente. El límite legal de dinero para viajar en Europa es de 10.000 euros.