La Generalitat Valenciana aprobará, previsiblemente este viernes, un decreto ley dotado de 500.000 euros para asumir los gastos judiciales que tuvieron que hacer frente los afectados del llamado 'caso Ardystil' en el que fallecieron en 1992 seis personas por el uso de productos químicos utilizados en varias empresas de estampación textil de las localidades alicantinas de Alcoy, Cocentaina y Muro de Alcoy. Asimismo, más de 60 personas padecieron enfermedades más de 60 personascomo neumonía, hiperreactividad bronquial o fibrosis pulmonar.

Así lo ha anunciado el jefe del Consell, Ximo Puig, a los medios de comunicación, tras mantener una reunión con afectados a quienes ha mostrado su apoyo y ha expresado la disposición de la Generalitat para reparar su dolor porque, tal y como ha sostenido, "se trata de coser heridas y de que esta institución ofrezca el tratamiento humano que se merecen quienes han sufrido mucho".

Según han explicado desde la administración autonómica, la aprobación del decreto ley supondrá dar cumplimiento al acuerdo alcanzado por unanimidad en el seno de la comisión de Política Social y Empleo de Les Corts en 1993, que decidió pagar las costas judiciales de los afectados.

De esta manera, Puig ha destacado que el encuentro forma parte "de la reparación histórica de un accidente laboral" que tuvo "una dimensión enorme en la década de los 90" y que no tenía "una solución definitiva".

El 'president', quien ha destacado la emotividad de la reunión, ha recordado que una "mala actuación provocó consecuencias terribles como la muerte y problemas para toda la vida" y, en este sentido, ha mantenido que el Consell "debe dar cobertura a estas situaciones".

"Me emociona poder compartir con ellas en estos momentos la voluntad de reparar, avanzar y mirar hacia adelante", ha proseguido Puig, quien ha revelado además que ha pedido perdón por lo sucedido a las personas afectadas en nombre de la Generalitat.

Ximo Puig (centro), recibe a personas afectadas por el síndrome Ardystil. EFE

"REPARAR EL MAL"

Por su parte, Consuelo Ragüés quien perdió a dos hijas que trabajaron en la empresa textil, ha explicado, visiblemente emocionada, que con este encuentro "se va a reparar el mal que se ha hecho". "Hemos estado 20 años enviando cartas y (Francisco) Camps no nos quiso recibir y él se lo perdió. Ahora he visto voluntad de recibirme porque creo que tengo el derecho de reclamar no para mí, sino para el grupo", ha subrayado.

En este sentido y con lágrimas en los ojos ha remarcado que ella vio a niñas en la Unidad de vigilancia intensiva (UVI). "¿Cómo no me voy a acordar de ellas? Se sufrió mucho porque los médicos no nos daban seguridad sobre lo que pasaba", ha rememorado.

Asimismo, Lola, otra afectada, ha explicado que ella empezó a trabajar con 15 años en una de estas empresas en la que "no había ventiladores, ni mascarillas" y "en malas condiciones", pero ha señalado que por la edad que tenía no se esperaba lo que podía suceder.

Ha agradecido al 'president' la reunión, pero ha remarcado que "solo el 40% de los afectados han cobrado las indemnizaciones" porque la Generalitat "solo se hizo cargo de los trabajadores de Ardystil porque fue ahí un inspector de trabajo que no hizo bien su trabajo". En cambio, "en el resto de mercantiles, como no se probó que hubo una inspección, no se han cobrado indemnizaciones", ha lamentado para pedir que "se haga algo".