09 de marzo de 2019
09.03.2019

La ley de comarcas y el requisito lingüístico se quedan sin aprobar

La decisión de Ximo Puig de adelantar las elecciones deja en el aire iniciativas emblemáticas para el Botànic

08.03.2019 | 22:50
Las Cortes, durante el último pleno de la pasada semana.

La novena legislatura de la cámara valenciana, la primera en la que las fuerzas de izquierda han aglutinado la mayoría absoluta desde los años 90, ha entrado ya en la historia esta semana. Cuando la actividad legislativa regrese a partir del 16 de mayo con la constitución de la nueva cámara la composición será distinta. Acaba un tiempo que se presentaba más proclive que los anteriores para avanzar en el desarrollo de leyes o iniciativas con un componente más identitario y valencianista, cuestiones a las que las anteriores mayorías del PP solían ser más refractarias. Leyes como la de Comarcalización, la de Función Pública con la inclusión del requisito lingüístico al funcionariado; la que pretendía reducir o incluso vaciar las competencias de las diputaciones o la que buscaba solicitar una reforma puntual de la Constitución para que los valencianos pudieran legislar en derecho civil como otras autonómicas históricas se han quedado sin opciones de aprobarse.

Otras, como la reforma de la ley electoral valenciana y la rebaja del listón al 3% para el acceso a las Cortes Valencianas tras las elecciones, también una reclamación histórica del valencianismo desde los tiempos en que la barrera del cinco por ciento se convirtió en infranqueable para el Bloc -principal partido de Compromís- también quedan en el tintero. La izquierda se defiende en que algunas de esas iniciativas requerían de mayoría cualificada que no ha sido posible alcanzar pero también es verdad que cuando se pudo hacer, como ocurrió en el primer tramo de legislatura, no hubo tampoco vigor suficiente.

Fue el tiempo en que Ciudadanos accedió, por ejemplo, a sumar sus votos a la izquierda para permitir la apertura de los medios de comunicación públicos, iniciativa que requería una mayoría de dos tercios y que ha permitido la puesta en marcha de À Punt. Sin embargo, el giro posterior de esta formación que elevó su hostilidad hacia el tripartito de izquierdas, impidió reformar la ley electoral. Tal vez la apertura de la cadena À Punt es una de las pocas iniciativas con elementos identitarios que han visto la luz esta legislatura.

El mismo presidente de las Corts, Enric Morera, se ha quedado estos días en el intento y no ha podido aplicar como requisito el conocimiento del valenciano a una convocatoria de trabajadores de la cámara para forzar que tuvieran competencias suficientes en la lengua propia para atender al público que acude a la institución. Al final, el valenciano computa como mérito, pero no es requisito. Compromís, e incluso el sector más valencianista del PSPV han preferido plegar velas en algunos momentos de la legislatura.

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