Eduardo Zaplana ha pedido la ha pedido la nulidad de todas las actuaciones realizadas en el caso Erial, que lo ha mantenido en prisión durante durante nueve meses. Según han informado a la agencia Efe fuentes del caso, la defensa alega que los documentos que supuestamente se encontraron en un piso que fue propiedad de Zaplana y que le imputan están fechados en días posteriores a los que el exministro vendiera su casa, en 2006.
Entre estos documentos, las fuentes hacen referencia a un artículo de prensa fechado el 3 de noviembre de 2009, cuando Eduardo Zaplana y su mujer ya habían dejado la casa.También se refieren a un documento escrito a mano que habla de una sociedad de Carlos de Paz en la que se dice que el último balance depositado en el registro mercantil es de 2006, un balance que se realizó en 2007.
El exministro alega que el hallazgo de los documentos que le imputan fue "casual", e informa de que la defensa también ha pedido que no se difundan las grabaciones realizadas por la Guardia Civil a Zaplana, según ha adelantado la edición valenciana del periódico La Razón.
El exministro y expresidente de la Generalitat fue puesto en libertad provisional el 7 de febrero tras pasar nueve meses en prisión preventiva en el centro penitenciario de Picassent, aunque desde el 18 de diciembre estaba ingresado en el Hospital la Fe debido a un empeoramiento de la leucemia de la que fue diagnosticado en 2015.
El caso Erial investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana puesto en marcha en 2003.
Un informe de la UCO incluido en el sumario del caso Erial señalaba que un registro en el despacho de abogados del autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, permitió acceder a los documentos con la "auténtica hoja de ruta" que se siguió para concurrir a las licitaciones del Plan Eólico y las ITV. Además, detallaba que esos documentos habrían sido hallados abandonados en la que fuera vivienda particular de Zaplana e intervenidos durante un registro del caso Imelsa.
Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent, por lo que se le tomó declaración en marzo de 2017, cuando explicó que se los había entregado en el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad y que desconocía si tenían relación con alguna causa penal o alguna actividad criminal, pero los guardaba "junto con otros muchos" papeles.
También se tomó declaración a la persona que le entregó esos documentos, quien dijo haberlos encontrado "abandonados" dentro de un sobre unos diez años antes, alrededor de 2007, en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.
