05 de marzo de 2019
05.03.2019

El final de la legislatura impide aprobar la ley para vaciar de competencias la Diputación

El adelanto electoral deja en el aire siete de los quince compromisos del acuerdo de los Presupuestos del Consell y Podemos

05.03.2019 | 00:47
Mónica Oltra, Ximo Puig, Luis Barcala y César Sánchez en los premios Importantes en el mes pasado

El popular César Sánchez, crítico con el Botànic: «Hemos estado sumidos en el caos, en las imposiciones y sin ningún diálogo».

Siete de las quince leyes comprometidas en el acuerdo presupuestario entre el Consell (formado por el PSPV y Compromís) y Podemos para que fueran aprobadas antes de las elecciones autonómicas finalmente quedarán pendientes por la disolución anticipada de las Cortes, confirmada en la tarde de ayer. El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra (de Compromís), y el portavoz de Podemos en las Cortes, Antonio Estañ, firmaron a finales de un octubre un acuerdo para facilitar la aprobación de los últimos presupuestos de la legislatura, que incluía un apartado para impulsar quince leyes antes de acabar la legislatura. El acuerdo pretendía dar prioridad a varias leyes que estaban en tramitación en las Cortes y que los firmantes del pacto de gobierno del Botànic consideraban «fundamentales» en diversos sectores, desde la mejora de las infraestructuras a la defensa del territorio o la protección social de los más vulnerables. De las leyes que se quedan sobre la mesa destaca la proposición de ley de Podemos para vaciar de competencias a las diputaciones, una batalla que tenía especial importancia de Alicante por el papel de esa corporación en una de las provincias más grandes de España que no tiene capitalidad autonómica.

Entre los más críticos con la ley que promovía Podemos para vaciar las instituciones provinciales siempre ha estado el presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, quien manifestó ayer que el adelanto de las autonómicas para coincidir con las generales «es de las pocas decisiones acertadas que ha tomado Ximo Puig (PSPV) en esta legislatura». Tras confirmarse la decisión, Sánchez apuntó que «esta medida, sin duda, supondrá un considerable ahorro a las arcas de nuestra Comunidad y permitirá a los ciudadanos valorar en las urnas la gestión del tripartito de extrema izquierda que nos ha gobernado durante los últimos cuatro años». Para el dirigente popular, «urge que se acabe cuanto antes con un Consell que ha sido más una delegación del Gobierno de la Cataluña independentista que un Gobierno valenciano».

Según el presidente de la Diputación, este mandato se ha estado «sumido en el caos, en las imposiciones por decreto y sin diálogo alguno, en los cambios de rumbo continuos, sin una hoja de ruta clara, en los guiños constantes a los independentistas y a los nacionalistas, en un ataque permanente a quienes no piensan ni hablan igual que ellos».

Por otro lado, también se queda pendiente la reforma de la ley del Consejo Audiovisual para que la presidencia de ese órgano la elijan las Cortes y no el presidente de la Generalitat, que se iba a debatir hoy martes en comisión, y la proposición de ley de Podemos sobre prevención de residuos y fomento de la economía circular. Otros asuntos que no prosperarán son la modificación de la ley de expresidentes de la Generalitat impulsada por Podemos y que había sido motivo de enfrentamiento en el seno del Botànic; el proyecto de ley de la Sindicatura de Greuges, y la proposición de ley para modificar la ley de Seguridad ferroviaria. La séptima norma recogida en el acuerdo presupuestario que tendrá que esperar a otra legislatura es la proposición de ley electoral valenciana, que fue rechazada en el pleno por la oposición de Cs, aunque estaba pendiente de debatirse la que presentó el PSPV en solitario, que figuraba en el pleno de esta semana.

Por el contrario, de ese acuerdo suscrito por los socios del Botànic hace poco más de cuatro meses se han aprobado ocho leyes: la de Servicios Sociales Inclusivos, la de Infancia y Adolescencia, la de Ordenación del territorio (Lotup), la de Estructuras agrarias, la de Igualdad de las personas LGTBI, la de Mediación, la de los Grupos de interés y la de los derechos de los consumidores ante las titulizaciones hipotecarias.

Críticas por todos los bandos

Las reacciones al adelanto electoral anunciado ayer por Ximo Puig tampoco se hicieron esperar por parte de los líderes políticos provinciales. El líder provincial del PSPV, José Chulvi, salió al paso de las críticas de las fuerzas de la derecha sobre el interés electoral que mueve a Ximo Puig y aseguró que «no tienen fundamento porque el adelanto permitirá visibilizar el problema valenciano», concluyó el también portavoz de los socialistas en la Diputación de Alicante.

En cambio, su homólogo de Compromís en la corporación provincial, Gerard Fullana, cargó contra la decisión de sus socios del Botànic. «No lo habríamos hecho pero llegados a este punto creemos que falta un día menos para que Mónica Oltra se convierta en la primera presidenta del Consell», lanzó el dirigente nacionalista.

Por su parte, el presidente provincial del PP, José Císcar, celebró el adelanto. «El Consell lleva meses viviendo sus particulares minutos de basura», valoró el jefe de los populares alicantinos, quien consideró que el movimiento de Puig obedece al tacticismo electoral. «Nadie se cree eso de visualizar el problema valenciano», criticó Císcar en alusión al argumento esgrimido por el líder del Consell para justificar el adelanto de los comicios.

En los mismos términos se pronunció la portavoz provincial de Ciudadanos, Yaneth Giraldo. «¿Qué problema valenciano? El problema aquí lo tienen ellos y la actitud de los socialista no puede ser más egoísta», zanjó la «voz» de la formación naranja en la provincia.

Una decisión con solo dos precedentes desde la «vía lenta»: Madrid y Asturias

Los adelantos electorales en comunidades que accedieron a la autonomía por la denominada «vía lenta» son tan inusuales que solo había dos precedentes, y no lejanos, en Madrid y Asturias, a las que ahora se suma la Comunidad Valenciana, que anticipará sus comicios al 28 de abril para hacerlos coincidir con las generales.

Desde la restauración de la democracia en España, las comunidades de la denominada «vía rápida», Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, han anticipado varias de sus elecciones autonómicas por distintos motivos, pero las demás han celebrado juntas los comicios a sus respectivos parlamentos, al mismo tiempo que las municipales. Este año, además, también habrá europeas el 26 de mayo. Madrid fue la primera de las comunidades de «vía lenta» en adelantar sus elecciones autonómicas y fue por la crisis institucional que se generó con el llamado «tamayazo» en 2003. En Asturias, Francisco Álvarez-Cascos (Foro Asturias), que había ganado por la mínima las elecciones de 2011, decidió convocar de nuevo comicios ocho meses después, cuando el Parlamento regional rechazó su proyecto de presupuestos.

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