Siete de las quince leyes comprometidas en el acuerdo presupuestario firmado el pasado 30 de octubre entre el Consell y Podemos para que fueran aprobadas antes de las elecciones autonómicas finalmente quedarán pendientes por la disolución anticipada de las Cortes. El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra (de Compromís), y el portavoz de Podemos en las Cortes, Antonio Estañ, firmaron a finales de un octubre un acuerdo para facilitar la aprobación de los últimos presupuestos de la legislatura, que incluía un apartado para impulsar quince leyes antes de acabar la legislatura.
El acuerdo pretendía dar prioridad a varias leyes que estaban en tramitación en las Cortes y que los firmantes del pacto de gobierno del Botànic consideraban "fundamentales" en diversos sectores, desde la mejora de las infraestructuras a la defensa del territorio o la protección social de los más vulnerables.
De las quince leyes enumeradas, se han aprobado ocho: la de Servicios Sociales Inclusivos, la de Infancia y Adolescencia, la de Ordenación del territorio (LOTUP), la de Estructuras agrarias, la de Igualdad de las personas LGTBI, la de Mediación, la de los Grupos de interés y la de los derechos de los consumidores ante las titulizaciones hipotecarias.
La disolución de las Cortes, que supone que decaigan todas las iniciativas que estaban en tramitación, deja sin poder aprobar la proposición de ley de Podemos sobre las competencias de las Diputaciones, que ese grupo pidió que se tramitara por lectura única pero el resto de grupos se opuso para poder presentar enmiendas.
También se queda pendiente la reforma de la ley del Consejo Audiovisual para que la presidencia de ese órgano la elijan las Cortes y no el presidente de la Generalitat, que se iba a debatir este martes en comisión, y la proposición de ley de Podemos sobre prevención de residuos y fomento de la economía circular.
Otros asuntos que no prosperarán son la modificación de la ley de expresidentes de la Generalitat impulsada por Podem y que había sido motivo de enfrentamiento en el seno del Botànic; el proyecto de ley de la Sindicatura de Greuges, y la proposición de ley para modificar la ley de Seguridad ferroviaria.
La séptima norma recogida en el acuerdo presupuestario que tendrá que esperar a otra legislatura es la proposición de ley electoral valenciana, que fue rechazada en el pleno por la oposición de Ciudadanos, aunque estaba pendiente de debatirse la que presentó el PSPV en solitario, que figuraba en el pleno de esta semana.
Por otra parte, este martes se iba a debatir en comisión el proyecto de ley sobre el Instituto Cartográfico, que no figura en el acuerdo entre el Consell y Podem, pero cuya tramitación se iba a aprovechar para corregir "un error de transcripción" de un artículo de la LOTUP.
El pleno de esta semana -estaban programados tres plenos antes de acabar la legislatura- incluía asimismo el debate de una proposición de ley de todos los grupos menos Ciudadanos para recuperar el derecho civil valenciano a través de una reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución.
También figuraba en este pleno una propuesta conjunta de PSPV, PP y Ciudadanos para derogar la obligación de tener un segundo médico en los 'bous al carrer'.
