La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, que investiga el «caso Erial», en el que se encuentra imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, ha solicitado que se le adscriba un juez de refuerzo. Así lo indicó ayer el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, durante la rueda de prensa de presentación de la memoria anual y el balance sobre la actividad de los juzgados de Valencia correspondiente a 2018.

Entre otros procedimientos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital valenciana instruye el conocido como «caso Erial», en el que se investigan presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano y por el que el expresidente de la Generalitat está imputado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. En la rueda de prensa, el decano de los jueces de Valencia también recordó ayer que cuentan con refuerzo los juzgados de Instrucción número 18 [encargado del caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, en el que se investiga un presunto delito de blanqueo y electoral del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València] y el número 21, que ha instruido el procedimiento contra ocho ex altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por el accidente del 3 de julio de 2006 de Metrovalencia, que costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47. Esta semana, se abrió juicio contra los acusados.

La petición de un refuerzo para el juzgado que investiga a Zaplana se conoció un día después de que la Generalitat Valenciana anunciase que se personará en el «caso Erial» para, según el presidente Ximo Puig, «recuperar el dinero». Así lo avanzó el dirigente socialista el pasado miércoles, durante la sesión de control en las Cortes, en la que defendió que con el Consell surgido del Pacto del Botánico ha mejorado «la vida de las personas y también la gestión», aunque «las réplicas del terremoto de la corrupción» siguen produciéndose, dejando «una herencia envenenada» que ahora se materializa en los 80 millones a pagar por las ITV como consecuencia de la «mala gestión» del PP. Zaplana lleva casi un mes en libertad tras pasar nueve meses ingresado en prisión tras las detenciones decretadas en el transcurso de la investigación.