Las tres diputaciones provinciales fueron invitadas desde 2016 a participar en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, la normativa estrella de la conselleria que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ya aprobada en las Cortes y que presentó recientemente en la Universidad de Alicante ante cerca de un millar de personas vinculadas a la prestación de estos servicios ciudadanos básicos. La normativa, que está en vigor, no ha contado con ninguna aportación de la institución alicantina, que ha evitado en todo momento colaborar en cada una de las propuestas realizadas por la conselleria en las distintas fases de elaboración de la legislación autonómica.
La institución provincial -en manos del PP- y Generalitat Valenciana-dirigida por PSPV y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos- llevan enfrentadas desde principios de este mandato. Los fallidos decretos del Consell de Turismo y Deportes para controlar las competencias de la Diputación y las posteriores medidas para avanzar en el vaciado de sus funciones han terminado creando un clima de tensión absoluta entre ambas instituciones y un alto nivel de incomunicación. Precisamente, el área donde ha habido algo más de diálogo en medio de este juego de tronos ha sido en el área de Bienestar Social, con dos reuniones a lo largo de la legislatura entre la vicepresidenta Mónica Oltra y el presidente de la Diputación, César Sánchez, en las dependencias del Palacio Provincial de Alicante. Por contra, la institución alicantina ha boicoteado otras políticas del Consell como el Fondo de Cooperación Municipal, ha polemizado con las ayudas a los escolares de Xarxa Llibres, ha boicoteado la propuesta para avanzar en la normalización del valenciano y la enseñanza del inglés y ha emprendido una batalla judicial apelando contra los decretos autonómicos que han afectado al funcionamiento provincial.
Las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana han estado invitadas a presentar propuestas y sugerencias en todo el proceso de elaboración de la ley, no solo en la fase de alegaciones. Las propuestas se realizaron bien directamente desde la delegación del Consell para el Modelo Social o bien desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Todo ello «dentro de una amplia estrategia de participación ordenada por grupos de interés y desarrollada a lo largo de cuatro fases en las que se invitó a las tres diputaciones», señalaron fuentes de la Generalitat Valenciana, que ratificaron que la Diputación de Alicante no había participado en ninguna medida en la tramitación de la norma y que tampoco había constancia de que lo hubiera hecho la de Castellón, también bajo gobierno del Partido Popular.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, a finales de mayo de 2016 se pidieron aportaciones desde la conselleria de Oltra a toda la ciudadanía y se construyeron los primeros grupos de trabajo, sin que la Diputación de Alicante hiciera ningún movimiento al respecto. Tampoco lo hizo entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, cuando la Conselleria pidió participación a través de la elaboración de fichas en torno a diferentes aspectos de la ley. Desde octubre de 2017 a noviembre de 2017 se invitó a la Diputación a participar a través de enmiendas al primer borrador del texto a través de un cuestionario.
La FVMP convocó la III Comisión de Bienestar e Integración Social y Participación, de la cual forman parte las diputaciones. Desde Alicante no acudió nadie. Se le remitió posteriormente un primer borrador y la FVMP también envió la documentación por correo ordinario a los miembros de la comisión que no fueron. Y así hasta 2018, cuando se realizó finalmente el borrador definitivo, que se envió a la Diputación con el fin de que presentara alegaciones a partir de febrero. Fue justo la etapa de crisis que vivió la institución el gobierno de César Sánchez por la detención e investigación de su diputado de Bienestar Social, Miguel Zaragoza, implicado en un caso de presunta corrupción por supuesto trato favor a una clínica privada de Gran Alacant. Zaragoza dejó su cargo en mayo del año pasado y fue sustituido por la actual diputada provincial, Carmen Verdú. La nueva responsable del área de Bienestar Social de la Diputación sí acudió, por contra, a la presentación de la ley de Servicios Sociales que presentó Oltra en la Universidad de Alicante el 5 de febrero.
