El puerto deportivo Marina Greenwich (antes Luís Campomanes), ubicado en Altea, ha vuelto a estar en el candelero informativo a principios de esta semana tras salir a la luz, una vez levantado el secreto del sumario del caso Erial, que el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, intentaba cobrar una mordida de la indemnización de 93 millones que reclama la mercantil Marina Greenwich, S.A, concesionaria del puerto desde 1997, por no ampliarse la instalación náutica. En el contexto de la operación Erial se implica también a Eduardo Zaplana en el intento de compra entre mayo de 2016 y marzo de 2017 de este puerto deportivo por 1,8 millones, dinero que, por investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaba localizado en Suiza y vinculado, según la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, con el supuesto patrimonio oculto del exjefe del Consell.
El puerto deportivo Luis Campomanes se inauguró en los primeros años de la década de los 80. Ubicado a cinco kilómetros de Altea y escasos metros de la Sierra de Bernia, se construyó para ser el «Puerto Banús» de la Costa Blanca. El puerto tiene 570 amarres además de una zona de mayor calado destinada para grandes yates. En su recinto se encuentran numerosos restaurantes y lugares de ocio «glamurosos» donde aparcan a sus puertas coches de alta gama. En 1999, la concesión del puerto pasó a manos de la mercantil Marina Greenwich y acto seguido se iniciaron los trámites para su ampliación, iniciándose una batalla legal en su contra por parte de ecologistas y grupos políticos de izquierdas que se alargó 18 años.
El proyecto de ampliación consistía en duplicar la capacidad del puerto, pasando de 570 a 1.089 amarres lo que suponía tener 240.085 metros cuadrados más de superficie y convertirse en el segundo por tamaño de la Comunidad Valenciana. Desde que se iniciaron los trámites para su ampliación, en 1999, y desde la publicación del proyecto en el Diari Oficial el 31 de mayo de 2000, las obras de ampliación fueron siempre objeto de controversia. Por una parte, entidades como la Universidad de Alicante y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, grupos ecologistas, partidos políticos de izquierda, o asociaciones vecinales se opusieron a la ampliación del puerto alegando que se perderían más de 40 hectáreas de Posidonia además de tener un impacto negativo sobre los ecosistemas litorales terrestres. Y por otra, el PP de Altea se mostraba de acuerdo en su ampliación porque, según dijo en diciembre de 2002 el alcalde Miguel Ortiz, otro destacado zaplanista, «es muy importante para el desarrollo turístico y económico» porque atraerán «un turismo nada masificado pero de alto poder adquisitivo, que es lo que queremos para aumentar el bienestar». Finalmente, el Supremo anulaba el proyecto en 2013, después de interponerse diversos contenciosos y de llegar al Tribunal Superior de la Comunidad.
Zaplana ha estado muy vinculado a este puerto deportivo como usuario y, sobre todo, por su amistad con el propietario, el empresario de origen francés Roberto Edgar Batauche. Según diversas fuentes, supuestamente tenía amarrados allí dos yates de 16,3 y 22,2 metros de eslora respectivamente, aunque este extremo lo desmintieron en la dirección de Marina Greenwich en mayo del año pasado cuando agentes de la UCO estuvieron investigando para localizar las dos embarcaciones que presuntamente podrían ser de Zaplana, aunque a nombre de dos testaferros del exministro. Además, la investigación del caso Erial vincula al expresidente de la Generalitat con la compra de dos viviendas junto al puerto a través de la mercantil Medlevante por 812.000 euros con fondos que habría recibido de otra empresa, Imison Internacional, desde Luxemburgo tras la interceptación policial de numerosas llamadas entre miembros de la trama vinculada al caso Erial. La venta de las viviendas está declarada en 2006 por la empresa Altea Costa Beach, de la que Batauche es uno de los administradores.
El francés llegó a la Marina Baixa en 1997 y, sin anteriores vinculaciones conocidas con empresas informativas, irrumpió en el accionariado de medios de comunicación afines a Zaplana y al PP. Del vicepresidente, el coreógrafo Giorgio Aresu, se recordaba ya hace más de una década su etapa de bailarín del popular ballet Zoom. El italiano realizó por primera vez un trabajo con Zaplana de por medio en 1993, siendo éste alcalde de Benidorm. La elección de Miss España de aquel año se celebró en el capital turística y la gala la emitió Tele 5, con Lazarov como director general de la cadena y Aresu como responsable del espacio. Al año siguiente, y merced a un convenio llegó una de las bazas televisivas del entonces alcalde para darse a conocer entre todos los valencianos: el Festival de Benidorm. Aresu, a través de su empresa Best One Producciones, contaba entonces con los derechos internacionales de Tómbola, el que fue buque insignia de la programación de Canal 9.
