La primera comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, celebrada ayer en València, ha cerrado sin grandes resultados, como era de esperar en una etapa de capítulo final de la legislatura a la espera de las elecciones del 28 de abril. Como era previsible, la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, ha fiado grandes avances a la victoria de los socialistas en esos comicios. Ni siquiera la propia existencia de la comisión bilateral iniciada ayer está garantizada. Dependerá de la gracia del próximo Ejecutivo salido de las urnas. Batet, eso sí, subrayó la voluntad del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez de profundizar y mantener este órgano bilateral que otras comunidades (Aragón, Cataluña, Extremadura o Castilla y León) sí tienen recogidos en sus estatutos.

En el encuentro, en el que participaron ayer una docena de altos cargos del Gobierno, se habló de financiación, porque Ximo Puig puso el asunto encima de la mesa, pero la ministra precisó que en Madrid son conscientes de «la preocupación por una infrafinanciación que sabemos que existe, pero sabemos también que es tema multilateral y su marco es el Consejo de Política Fiscal y Financiera». Puig y Batet lamentó el rechazo del Congreso de los Diputados a los presupuestos de 2019, que tiene «consecuencias negativas», como que el aumento inversor en la Comunidad Valenciana quede en prácticamente nada. Ese proyecto, aún con un reparto desigual que perjudicaba a Alicante, contemplaba, entre otras cosas, una inversión próxima al peso de la población de la Comunidad y la condonación de la deuda de la Marina de València. Y aunque existe el compromiso de una solución incluso sin presupuestos, la ministra la ha fiado a la visita la semana próxima de la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Sin más concreciones. «Estamos dispuestos a explorar si hay mecanismos para una respuesta inmediata, pero el compromiso se mantiene», dijo ayer. Y es que, como admitió, es una cosa que «queda en el aire».

Asuntos de Alicante

Cuatro acuerdos concretos sobre la provincia de Alicante se abordaron durante la reunión. Primero: el Gobierno se comprometió con la Generalitat a reforzar el programa de turismo inteligente que tiene su sede en Benidorm para tratar de frenar, entre otras cosas, los efectos del bréxit en una posible caída del turismo británico. Segundo: el Ejecutivo ya ha solicitado a la Unión Europea poner en marcha un plan de repoblación en las zonas afectadas por la Xylella, fundamentalmente en Alicante. Tercero: la Comunidad Valenciana se incorporará a los planes de regadío estatales, decisión que favorece a la comarca de la Vega Baja. Y cuarto: petición sin respuesta para una reformar de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante.

Otros avances tienen que ver con vivienda y turismo especialmente. Se firmará así un protocolo para la construcción de 1.036 viviendas de alquiler social y asequible en el área metropolitana de la capital la Comunidad: Manises, Silla, Torrent y València. Seiscientas serían en la ciudad de València, sobre 17 millones de suelo del Sepes. El acuerdo con Hacienda para desarrollar Parc Sagunt II, la inyección de cinco millones para el plan de destinos turístico maduros y una cumbre el 7 de marzo con el sector citrícola para abordar su crisis así como dos campañas de promoción de la naranja en China y Canadá han sido el resto de asuntos concretos de la primera comisión bilateral de la historia. Está por ver si será la última que se celebre.