Admiten a trámite el recurso de la Diputación contra la Ley de Mancomunidades

Según la providencia dirigida por el TC con fecha el pasado día 12 a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, se admite a trámite el recurso contra la Ley 21/2018 de 16 de octubre de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana, en los artículos 2.3, 12, 13 a 17, 36 y 50 en los apartados 2, 3, 4 y 5, así como la disposición transitoria única del párrafo segundo y anexo. A partir de ahora, el alto tribunal pide que en el plazo de 15 días los recurrentes se personen en el proceso y formulen las alegaciones que estimen convenientes.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en el Congreso, Belén Hoyo, acudió el 17 de enero al TC para presentar el recurso y, a las puertas del Constitucional, consideró que la norma recurrida utiliza la educación "como arma" para "extender el separatismo catalán" a la comunidad. También adujo que, con esta norma que cree que incumple la Constitución en sus artículos 137, 141 y 149, el PSPV y Compromís-Podemos no respetan el Estatuto de Autonomía de la Comunidad y fuerzan a los municipios a formar mancomunidades.

En un comunicado, el presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez, ha señalado que la admisión a trámite "supone un nuevo freno al proceso catalanista del Gobierno del Botànic, más preocupado por hacer calar su ideario político y lingüístico en la sociedad valenciana que por resolver los problemas reales de la ciudadanía". Sánchez ha recordado que ya anunció que "plantaría cara al nacionalismo en la Comunidad Valenciana, al separatismo, a quienes quisieran imponer el proceso de catalanización, es decir, al Partido Socialista con Ximo Puig a la cabeza y a Mónica Oltra y su partido, Compromís, y no descansaremos hasta desalojarlos del Consell", ha indicado.

Sánchez ha recordado que la institución provincial ya se opuso al requisito lingüístico, a los decretos de Turismo y Deporte y a eliminar el castellano de las aulas en los colegios de la Comunidad antes de impulsar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Mancomunidades, por considerar que "enmascara una Ley de Comarcalización para intentar avanzar en ese proceso de catalanización".

Según Sánchez, su "trabajo será incansable durante los meses que vienen, durante los años que vienen, para decir alto y claro que la Comunidad Valenciana quiere estar en España y formar parte de ella y no dels Països Catalans. Vamos a plantarle cara al nacionalismo, al separatismo y a todos aquellos que nos quieren separar de nuestro país", ha proseguido Sánchez.

Para el político del PP, "la Diputación de Alicante se ha erigido como institución que hace frente a la sinrazón de los nacionalistas y continuaremos defendiendo los intereses generales de los ciudadanos".

Cuando presentaron la denuncia ante el TC, Sánchez criticó que la Ley de Mancomunidades "coacciona y obliga" a los ayuntamientos a mancomunarse para recibir ayudas públicas y, de esta manera, "se priva la libertad (de los municipios) para las convocatorias públicas".

La Ley de Mancomunidades fue aprobada el 27 de septiembre de 2018 con el apoyo del PSPV, Compromís y Podemos, que calificaron la nueva norma como un "gran avance" en el municipalismo valenciano, y el voto contrario de PP y Ciudadanos, que opinaron que se trataba de "un proceso de comarcalización encubierta".