Tras meses de escuchas a los teléfonos de los presuntos testaferros del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y de seguimientos por parte de la Guardia Civil a todos los miembros de esta presunta trama criminal (uno de los diez delitos que se les imputa) se decidió precipitar las detenciones y registros en viviendas y oficinas de los principales implicados.

«A criterio del instructor policial existen circunstancias que apuntan al riesgo de posible pérdida, destrucción o alteración de medios de prueba y elementos vinculados a los hechos en caso de no adoptar medidas eficaces de aseguramiento», asegura el responsable del grupo de delitos contra la administración de la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civl en un oficio remitido al Juzgado de Instrucción 8 el 16 de mayo de 2018.

Una decisión que los agentes solicitan que se adopte al «aunar la gravedad de los hechos que se han puesto de manifiesto a lo largo de la presente causa y en donde aparecen varias personas sobre las que existen indicios racionales de su presunta responsabilidad en los hechos investigados». Por ello, al considerar que «determinados elementos, efectos o instrumentos del delito se encontrarían bajo custodia de los distintos implicados, no existiendo otro medio menos gravoso o limitativo de derechos para conseguir los fines perseguidos, se solicita librar los mandamientos de entrada y registro» en veinte domicilios, empresas y propiedades de los principales protagonistas del Caso Erial. Entre otras, se registraron las viviendas de Vicente Cotino Escrivá, las instalaciones del Grupo Sedesa en Aldaia, las casas de José Cotino Escrivá y de Juan Cotino Ferrer, los domicilios de Eduardo Zaplana en València, Madrid y Benidorm, además de su despacho en Telefónica. Sobre las viviendas del expresidente, un día antes de la operación Erial, el 21 de mayo de 2018, la UCO pidió a la jueza ampliar el registro a un domicilio más de Zaplana del que hasta esa fecha la Guardia Civil desconocía que el exministro utilizaba en el centro de València. Los agentes tenían constancia por las intervenciones telefónicas que debía hacer uso de una vivienda en València porque no figuraba ingresado en ningún hotel. Pero esta vivienda se sospechaba que la utilizaba «de forma velada» a través de otras personas físicas o jurídicas.

También acudieron los agentes a la casa de su secretaria, Mitsoko Henríquez en Madrid. Y a la de sus presunto testaferros Joaquín Barceló en Benidorm y Francisco Grau en Alicante, además de las sedes de as empresas a nombre de ambos. Y de otros empresarios implicados en la trama como Ángel Salas, Robert Bataouche, el abogado Saturnino Suanzes y las dos casas en València del jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, en València y Dénia.

La UCO también acudió a las oficinas del puerto Marina Greenwich; y la gasolinera cuyo representante es Francisco Pérez López «el Gasofa», a quien se vincula con la facturación falsa orquestada por los testaferros de Zaplana para poder acceder a dinero en metálico.

El extenso operativo se preparó en apenas seis días ya que las siete detenciones se practicaron al unísono a partir de las 8 de la mañana del 22 de mayo. Durante los registros los agentes de la Guardia Civil se incautaron de numerosas cajas con documentación, dinero y material informático que el extenso operativo responsable de la investigación examina desde hace meses y cuyo resultado aún no se ha hecho público ya que pertenece a la parte del sumario que sigue bajo secreto del sumario para las partes.