n El levantamiento parcial del sumario del caso Erial ha suscitado reacciones políticas. En esto sí hay acuerdo entre los partidos: no gusta. La presidenta del PPCV, partido que lideró el propio Eduardo Zaplana, reconoció ayer que las conversaciones reveladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) «no les agradan» porque son «graves y preocupantes».

Para Isabel Bonig, sin embargo, se le debe aplicar la misma presunción de inocencia que se ha aplicado a los investigados socialistas en otros casos: al expresidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez en el caso Alquería. «Se tendrá que probar todo eso en sede judicial», dijo Bonig en las Corts sobre la situación de Zaplana.

La vicepresidenta del Consell, sin embargo, justificó la prisión provisional aplicada al expresidente a juzgar por «la porquería que está aflorando» de la investigación de los agentes de la Guardia Civil. Se ha destapado una trama «corrupta y sofisticada» y para Oltra, el levantamiento parcial del sumario ha demostrado que había una buena razón para que la jueza, la Fiscalía y la Audiencia Provincial rechazaran los cinco recursos de los familiares de Zaplana que pedían el arresto domiciliario.

Oltra defendió en diciembre que ninguna persona enferma de gravedad debería estar en prisión, y mantuvo ayer esta «postura humanitaria». Ahora bien: matizó que nunca hizo referencia al propio Zaplana sino a cualquier enfermo encarcelado, y, además, en el caso del expresidente, le hace «un flaco favor a la postura humanista hablar con testaferros desde las instalaciones hospitalarias».

La vicepresidenta, que compareció tras el pleno del Consell, cree que el caso Erial prueba que los dirigentes del PP instauraron la corrupción «desde el inicio de los tiempos», que empezó con Zaplana, el primer presidente popular. José Luis Olivas fue «un suma y sigue» y Francisco Camps, el tercero, «les doctoró a todos con un máster presencial», ironizó.

Oltra lamentó que se saquearan las arcas públicas y se desviara el dinero llevándolo a paraísos fiscales como Panamá, «arriba y abajo» (en referencia a la jerga que utilizó Zaplana para referirse a Andorra) y «Paquí pallá» (el nombre de la empresa del PP en Madrid para esconder facturas de su posible financiación irregular).