El adelanto de las elecciones generales al próximo 28 de abril no ha causado gran sorpresa entre la clase empresarial provincial y autonómica, que lo único que quiere es que se acabe con el largo periodo de incertidumbre e inestabilidad que se arrastra, porque esta situación enquistada está ralentizando el desarrollo económico y los proyectos inversores. Además, el anticipo electoral era la crónica de una convocatoria prevista. Solo faltaba por conocerse la fecha, una vez que los grupos el Congreso tumbaron el pasado miércoles el proyecto de Presupuestos presentado por Pedro Sánchez. Unas cuentas que, por cierto, «eran malas para la provincia, pero mejores que las del año anterior», según advertía el presidente del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), Rafael Ballester.
Ni con declaraciones grandilocuentes ni ahondando en el sobresalto reaccionaban ayer los empresarios de la provincia ante el nuevo escenario político que se abre, incluso, con dos convocatorias electorales en el plazo de apenas un mes. Ellos «van al grano» y sus manifestaciones transmiten más una sensación de hartazgo de una prolongada situación de inestabilidad por la debilidad del Gobierno en el Parlamento, por el impacto de la crisis catalana, por los vaivenes de anuncios y retiradas de proyectos o de otros que se fiaban a unos presupuestos, hoy fallidos. Sin olvidar, la inquietud que les causa a los exportadores el bloqueo del proceso del Brexit. Todo suma en el cesto de las preocupaciones.
Ahora, al menos, consideran que en el contexto actual se ha despejado una de las muchas incógnitas que pesaban en el panorama nacional. Y acostumbrados a tomar decisiones y ser pragmáticos, los empresarios reclaman un «Gobierno estable, que saque adelante unos presupuestos que consoliden nuestro crecimiento, que siga trabajando en las reformas necesarias y ofrezca seguridad jurídica a los inversores», planteaba el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Bautista Riera. Porque no es bueno para la economía una situación como la actual, coinciden los representantes empresariales consultados. La inseguridad e inestabilidad son enemigas de los proyectos inversores empresariales y de la creación de empleo. En la dinámica de las compañías, los planes a corto plazo no funcionan. «Necesitamos previsiones a medio plazo para poder actuar», apuntaba Francisco Gómez, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar en Alicante (Aefa).
Y más cuando el tejido productivo provincial está conformado en gran parte por compañías con vocación exportadora, cuyos proyectos de internacionalización no se pueden abordar en el corto plazo, apostillaba el presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), Juan José Sellés, uno de los dirigentes empresariales que más crítico y escéptico se mostraba con el nuevo escenario. Sellés admitía que «todo aboca a que vamos a tener una situación de inestabilidad en el futuro, independientemente del resultado de las elecciones». Además, mostraba su preocupación por si se produce «un goteo de deslocalizaciones, en caso de prolongarse la inestabilidad».
Los empresarios se aferran a la confianza de que las nuevas elecciones ofrezcan estabilidad e instan a los partidos políticos «a creer en la cultura de los pactos entre los representantes políticos», señalaba Ballester, quien ponía como ejemplo en Alicante, la Comisión del Pacto Provincial del Agua. Y en clave autonómica, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, incidía en la necesidad de insistir en la reforma del modelo de financiación, en el equilibrio inversor, «así como en la reducción de las cargas administrativas, que inciden en la competitividad empresarial, y en políticas que tengan más e cuenta al tejido productivo». Por su parte, el presidente de la CEV en Alicante, Perfecto Palacio, consideraba necesario «un Gobierno, con independencia de cuál sea, con capacidad para abordar las reformas necesarias, aprobar unos presupuestos que le permitan ejecutar su política económica, y que ofrezca estabilidad a la economía y a los inversores».
