Los grupos en las Cortes Valencianas, a excepción del PP, dieron ayer el visto bueno al inicio de la tramitación de la proposición de ley de Podemos sobre el vaciado de competencias de las diputaciones provinciales. Con esta normativa los morados pretenden redefinir cuáles son sus funciones. El debate se hizo, tal y como quería Podemos, cuyo Síndic, Antonio Estañ, recordó que las corporaciones provinciales han sido «el epicentro de casos tan graves como Taula, Brugal o el de Carlos Fabra» y que han tejido «relaciones clientelares». «A día de hoy no podemos eliminarlas como desearía mi grupo, pero sí superar su modelo». Estañ despachó en el pleno todo el argumentario de Podemos contra las instituciones provinciales, algo que le permitieron sus socios en el gobierno valenciano, que habían alertado de que la fórmula que querían los morados para llevarla -la lectura única, que permite una tramitación rápida al evitar las enmiendas- no parecía muy adecuada al ser un asunto que requería, en cualquier caso, de consenso.
Finalmente, el Consell, con el voto a favor de Cs -partido muy posicionado desde su nacimiento con el fin de las diputaciones- permitió ayer la tramitación de la normativa de los morados, pero aunque los de Estañ lo intentarán según aseguraron desde el partido, no hay mucho margen de maniobra para sacar la ley antes de que acabe la legislatura. Sin embargo, el debate de ayer era importante para visibilizar una propuesta estrella de Podemos y que forma parte de las 15 medidas urgentes para esta legislatura que los morados, que sustentan con el apoyo parlamentario el gobierno del Botànic, acordaron con sus socios en el Consell, Ximo Puig y Mónica Oltra. Pero si no se acelera con una clara voluntad política, la aprobación de la ley caería en saco roto cuando quedan menos de tres meses para las elecciones previstas en mayo. Antonio Estañ lamentó que pese a los compromisos del Consell y del propio Ximo Puig no se haya presentado una reforma de la ley de coordinación de diputaciones y que ya «ni está ni se le espera», pero destacó que la ley que presentan pretende «cumplir» con el Botànic.
Pese a los reproches del PP, que recriminó a Podemos que se quiera cargar «la cercanía» institucional a los pequeños pueblos, Estañ le contestó que si querían defender las diputaciones «lo han hecho muy mal, podían haber robado un poco menos». Sacó a relucir los casos que se judicializaron por corrupción durante los mandatos de Alfonso Rus (València), Carlos Fabra (Castellón) y Joaquín Ripoll, este último expresidente de la Diputación de Alicante. Desde Compromís, la diputada Mónica Álvaro lanzó un mensaje claro contras las instituciones, justo una batalla donde el portavoz de la coalición en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha entrado durante todo el mandato del presidente de la institución provincial alicantina, César Sánchez. «Diputaciones ningunas. Vamos a por ellas», dijo Álvaro. Desde el PSPV, el diputado Alfred Boix pidió a partir de ahora «consenso» para sacarla adelante, y ya lanzó con esas palabras un aviso a navegantes sobre la difícil tramitación que tendrá. Un síntoma de que su andadadura podría caer en saco roto.
El PP saca las uñas en su soledad por defender las provincias
El diputado del PP Manuel Pérez Fenoll fue el único que defendió ayer que solo las diputaciones se encargan de los municipios más pequeños y espetó a los diputados que las critican que ellos no se reunirían constantemente con los municipios de menos de 500 habitantes. Pérez Fenoll añadió que tampoco habría ahorro por «cargárselas».
