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Puig descarta avanzar las autonómicas a la espera del calendario de Pedro Sánchez

Parte del PSPV presiona para adelantar los comicios - El presidente quiere agotar la legislatura y apoyarse en la campaña municipal

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ayer durante una comparecencia en Valencia. efe

A la espera de la decisión que tome Pedro Sánchez sobre el calendario de las elecciones generales a las que antes o después está abocado después de que el PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes le tumbaran los presupuestos del Estado para 2019, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, descarta al menos por ahora -tiene más o menos un margen de dos semanas para resolver- un adelanto de las elecciones autonómicas. La idea del jefe del Consell, aunque con toda la cautela de un escenario volátil que cambia cada poco tiempo y trufado de una gran incertidumbre, es la de agotar la legislatura y mantener los comicios a las Cortes Valencianas para el 26 de mayo. Una estrategia en la que también coinciden sus socios de Compromís y Podemos que, por su parte, insisten en anteponer la actividad legislativa que todavía queda pendiente para este mes y medio que resta hasta echar la persiana en el Palau dels Borja para entrar de lleno en los plazos del periodo electoral.

Al jefe del Consell le sigue preocupando, en cualquier caso, que la endiablada escena política española con el auge de la ultraderecha y la crisis política catalana tape el debate sobre la situación de la Comunidad. «Los valencianos tenemos un espacio de debate propio. Queremos que los ciudadanos decidan con total libertad si quieren volver al pasado que representa el PP, de corrupción, despilfarro y mala gestión, o profundizar en un cambio positivo porque es indiscutible que todos los indicadores sociales y económicos son mejores», defendió durante una intervención en Valencia. El problema es que, en estos momentos, el horizonte es tan complejo que nadie sabe a ciencia cierta cuál es la mejor decisión. Sea como fuere, la posición del jefe del Consell es la de seguir adelante y que la legislatura se extinga automáticamente a primeros de abril independientemente de lo que pase en Madrid. Y todo ello a pesar de que una parte del PSPV le presiona para que los comicios valencianos se adelanten a finales de abril -al domingo 28- y marcar un calendario propio al margen de la decisión que pueda tomar Pedro Sánchez, que también podría llevar las elecciones generales a ese mismo día.

«Hay motivos para poder valorarlo», lanzó el síndic socialista en las Cortes, Manolo Mata, para poner encima del tapete ese avance de los comicios en la Comunidad, una constante que aparece y desaparece en la agenda autonómica desde el verano. Pero, sin embargo, el jefe del Consell es reacio a ceder a esa presión y, al menos de momento, se inclina por agotar la legislatura hasta el próximo 26 de mayo. Cree que eso le permitiría, además, sumar como un activo las campañas locales. El decorado, en todo caso, es muy variable y, aunque se hacen cábalas, nadie sabe demasiado bien hacia donde conduce el incierto camino que se abrió ayer con el rechazo a los presupuestos en el Congreso, que sentencian la legislatura para este Gobierno y desembocan en el veredicto de las urnas.

La decisión de Puig de seguir adelante dando normalidad a la acción de su ejecutivo sin la medida drástica que supondría un avance electoral en la Comunidad, sin embargo, está pendiente, a su vez, de la deliberación de Pedro Sánchez. Fuentes socialistas interpretaron el silencio del presidente del Gobierno como la evidencia de las diferentes posiciones que hay en Madrid sobre la vía a seguir. Tres son las posibilidades, como admitieron estas fuentes, que están sobre la mesa: convocar ya para celebrar las elecciones generales el 28 de abril, justo un mes antes de las autonómicas, muy probable a estas horas; hacer coincidir todos los comicios el 26 de mayo; y finalmente resistir hasta después del verano, algo que convertiría las autonómicas y municipales en un plebiscito contra el Gobierno con un enorme riesgo para los gobiernos como el valenciano de acabar arrollados por la ola que llegaría desde Madrid. Ninguna se puede descartar teniendo en cuenta los imprevisibles movimientos de Pedro Sánchez y su capacidad para sorprender pero, en principio, las dos primeras posibilidades son las que tienen más seguidores.

Aquellos que defienden convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril -es la opción que más peso tiene- ven posible que los socialistas sean la fuerza más votada en toda España y que, admitiendo que el bloque de derecha pudiera formar gobierno con los ultras de Vox para pasar factura a Sánchez, aún quedaría margen de movilización de la izquierda para las autonómicas y municipales. Entre los dirigentes socialistas crece la sensación de que a estas horas la opción que baraja el Gobierno como más probable es esta precisamente. La otra fecha es la del 26 de mayo, junto a las autonómicas y locales. Eso permitiría a Pedro Sánchez tener a los barones territoriales implicados en sus propias campañas y también a los alcaldes aunque gran parte del discurso de esa cita quedaría contaminado por la agenda nacional y, sobre todo, por la crisis catalana. Hay socios de los socialistas, como el caso del PNV, que rechazan esta posibiliad. Así que en medio todo ese maremágnum de incierto desenlace, Pedro Sánchez se decantaría por el 28 de abril y Ximo Puig por seguir hasta el 26 de mayo.

Un Consejo de Ministros de «patos cojos» en Alicante

Como se recordará, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que este mes de marzo celebraría una reunión del Consejo de Ministros en Alicante con motivo del 80 aniversario de la última reunión que el gobierno republicano celebró antes del final de la Guerra Civil. Fue un compromiso que Ximo Puig le arrancó a Sánchez en su último encuentro. Se esperaba que ese consejo de ministros sirviera para compensar a Alicante, una de las provincias mas maltratadas de España durante la etapa de Rajoy. Pero para mediados de marzo, en el caso de que se cumplan las previsiones y las elecciones se convoquen el 28 de abril, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya estaría en funciones y, por tanto, esa convocatoria perdería gran parte del valor que se le había concedido. Una reunión de «patos cojos».

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