n El sumario del Caso Erial recoge un matiz entre todo el entramado empresarial que desarrolla: uno de los testaferros de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, se acogió a la amnistía fiscal impulsada en 2012 por Cristobal Montoro, entonces ministro de Hacienda.

De esta forma, García trajo a España 2,3 millones de euros tras liquidar y vender las participaciones de su empresa ese mismo año. Era Fenix Investiments, con sede en Luxemburgo y cuyo beneficio tras la venta fue a parar a «depósitos financieros» a su nombre y al de su esposa en España. Por la transacción abonaron a las arcas públicas 233.439 mil euros en impuestos, tal como señalaba la legislación.

A esta empresa la UCO cree que fueron a parar parte de los sobornos que Vicente Cotino Escrivà envió desde su empresa, Asedes. Según se recoge en el sumario, se hizo una transferencia entre 2005 y 2007 de algo más de 2,1 millones de euros a la empresa de García. Hubo un primer pago de 186.000 euros el 5 de septiembre de 2005, y el 5 de diciembre de 2012 se abonaron los 2 millones restantes.

García no fue detenido el 22 de mayo de 2018 junto a Zaplana, Joaquín Barceló o Francisco Grau. Fue la mano derecha del expresidente y desde 1995 a 1999 fue su director de gabinete y subsecretario del director del gabinete hasta 2002. Además, el sumario recuerda que ostentó los cargos de presidente de la comisión interdepartamental para la racionalización del sector público de la Generalitat, es decir, la mesa que adjudicó las ITV que beneficiaron a los Cotino.

Sin embargo, en el sumario también se hace referencia a otra empresa donde figura su nombre, Dobles Figuras Consultores S.L, esta sí con sede en España. desde donde la jueza sospecha que pudiera haber obtenido, presuntamente un total de 3,5 millones de euros «aprovechándose del puesto que ocupaba». Este montante estaría relacionado también con el pelotazo de los parques eólicos y las ITV.

La jueza instructora ve un indicio en este montante de que pudera «presuntamente» ser otro de los sobornos satisfechos también por el Grupo Sedesa, vinculados a la familia Cotino, para que se le adjudicaran «tres zonas relacionadas con el plan eólico y, por lo tanto, con los hechos objeto de esta investigación».