La Operación Erial, que desembocó en la detención del expresident Eduardo Zaplana, se inició en 2016 con un gran despliegue de medios para ratificar las prácticas fraudulentas que desarrollaba Zaplana así como su núcleo duro: sus dos testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau, el ex jefe de gabinete Juan Francisco García Gómez, y un abogado que hizo las veces de testaferro en América Latina, Washington Fernando Belhot.

A todos ellos la UCO controló interviniendo sus teléfonos móviles. Sin embargo, como bien la UCO se encarga de reseñar en el sumario revelado este miércoles, "por parte de los investigados se toman ciertas medidas de seguridad a la hora de hablar y/o concretar temas sensibles". Tanto es así que de las conversaciones mantenidas, la mayoría son en clave y haciendo referencias vagas a los asuntos tratados.

La poca relevancia de las llamadas que se intercambiaban llevó a la UCO a instalar un sistema de captación y grabación de sonido ambiente digital en algunas de las citas que los investigados programaban al teléfono. Lo utilizaron en varias ocasiones: una de ellas se produjo en el propio despacho de Zaplana en las oficinas madrileñas de Telefónica en febrero de 2018.

En otra ocasión, los micrófonos se instalaron en el Hotel Wellington en el transcurso de un almuerzo junto con el abogado que llevaba las empresas en latinoamérica, Fernando Belhot, un mes antes de su detención en València. En esa grabación se habla de la falta de liquidez del expresidente por los "problemas" que le acechan.

También con Belhot, en febrero de ese mismo año, se produjo un encuentro en el restaurante madrileño Ultramarinos Quintín para el que también se procedió a instalar micrófonos y poder acceder a la información a la que se referían por teléfono. Sin embargo, según un escrito de la Guardia Civil remitido al juez, el dispositivo se instaló pero "por razones operativas no fue posible utilizar los medios técnicos de capatación [...] ni, por tanto, se pudo materializar la medida prevista y autorizada".

En el caso del jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, la UCO tomó la decisión de instalar un dispositivo GPS para localizarle. Según explican en la solicitud de los agentes es "el medio idóneo para ubicar al investigado" dada "la gran movilidad que tiene este investigado que ha impedido fijar parámetros de conducta estable".

Además, una red de agentes de paisano también se encargaba de dar testimonio de los movimientos de los investigados. Los seguimientos también permitieron conocer más datos para la investigación llevada a cabo, y se dieron tanto en Madrid como en Benidorm, las dos ciudades por donde se movía Zaplana.

La interpretación de los agentes

El nivel de secretismo al teléfono era tan alto que, en una reproducción de la conversación telefónica, los agentes anotan sus propias interpretaciones. En una charla entre el expresidente Zaplana y Francisco Grau, el primero señala: "Ya te imaginas que esto se va a hacer pronto". Para los agentes, se refiere a la venta de la vivienda en propiedad de la empresa de Grau, Costera del Glorio, situada en una céntrica calle del barrio Salamanca en Madrid y cuya operación se ejecutó en marzo de 2018 por 1,2 millones de euros.

"Un papelito pues que diga adiós y ya está", señala la misma conversación Zaplana. En este caso, creen que podría referirse a una mujer que fuera "inquilina de la vivienda, trabajadora y/o persona vinculada con Costera del Glorio o con la vivienda".

Las palabras vagas son la prueba para los agentes de que no se quería dar detalles por teléfono. En casi todas las conversaciones recogidas en el sumario terminan emplazándose a verse en persona como medida de seguridad.