12 de febrero de 2019
12.02.2019
Para evitar la destrucción de pruebas

La investigación en los paraísos fiscales que usó Zaplana seguirá secreta para evitar la destrucción de pruebas

La magistrada del caso decide abrir parcialmente el sumario mientras el expresidente recibe el alta médica a los cuatro días de recobrar la libertad

11.02.2019 | 23:53
La investigación en los paraísos fiscales que usó Zaplana seguirá secreta para evitar la destrucción de pruebas

El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, podrá conocer a partir del miércoles el arranque y el esqueleto de la investigación contra él que arrancó en 2015 y que lo ha mantenido casi nueve meses en prisión. El exministro de Trabajo abandonó ayer el hospital (cuatro días después de tener la libertad provisional) y acudió a su comparecencia semanal en el juzgado de guardia. El funcionario le requirió la necesidad de que aporte un domicilio a efectos de notificación. «Acabo de salir del hospital. La semana que viene lo notifico», respondió Eduardo Zaplana, según fuentes que presenciaron los hechos.

La titular del juzgado de Instrucción 8 que dirige junto a la Fiscalía Anticorrupción la investigación del caso Erial decidió ayer levantar parcialmente el secreto del sumario. Solo sobre siete tomos y 3.043 folios, que desgranan el arranque de esta investigación sobre una presunta trama criminal de cobro de mordidas refugiadas en media docena de paraísos fiscales.

Aunque precisamente el rastro del dinero y su periplo por países como Uruguay, Panamá, Suiza, Luxemburgo, Inglaterra y Andorra que han podido acreditar los investigadores del Caso Erial seguirá secreto. La jueza justifica esta decisión en que se «podría ver afectada la instrucción si se le diera publicidad, habida cuenta de que falta por recibir y analizar toda la documentación obtenida en las diversas comisiones internacionales que se han practicado, alguna de las cuales todavía no han cumplimentado lo solicitado», según señala la magistrada en un auto.

Que la causa siga secreta respecto a la estela del dinero supuestamente procedente de las mordidas depende que se obtenga más «información que fuese necesaria para la instrucción y de la que podría devenir la práctica de diligencias nuevas», apunta la magistrada.

Una afirmación que confirma que la instrucción proseguirá en los próximos meses. Los investigadores conjuran con este secreto parcial «una posible destrucción de pruebas» además de «preservar la eficacia de las diligencias acordadas».

Si los investigadores desvelaran todas sus cartas, asegura la jueza, los nueve imputados «sabedores de lo que deben buscar por su presunta participación en los hechos, harían que fuera ineficaz lo que se pudiera encontrar en el análisis judicial con apoyo de los investigadores que ayudan en la instrucción [en referencia a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil]». La magistrada evita así que los imputados tomen ventaja no solo por el ingente «volumen» de los datos recabados en la instrucción sino también, admite la magistrada, «por la limitación de personal para efectuar dicho análisis, incluida esta instructora».

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción admitía en enero -en respuesta a la catarata de recursos de los investigados- que debido a «la cantidad de documentación recabada en los diferentes registros» realizados a finales de mayo el «volcado [de la información incautada] no se ha producido por completo y mucho menos analizado». Unos registros que continuaron meses después ya que «el 27 de noviembre se procedió a realizar [nuevas] entradas y registros en diferentes domicilios».

La titular del Juzgado de Instrucción 8 añade, además, que los investigados no viven en la ignorancia sobre «el objeto genérico de la investigación». «Son varias las sociedades -continúa- que están siendo objeto de la investigación, sobre las que los investigados fueron informados de forma genérica en el momento de su detención y puesta a disposición de este juzgado».

Y considera también la instructora que «los investigados son conocedores de su propia actividad, pues incluso a alguno de ellos se les encontró en el momento de su detención documentación relativa a varias de las sociedades del entramado investigado. Son también conocedores de los delitos que se les imputa y de los que son objeto de la investigación», por lo que la magistrada considera que pesa más el riesgo de destrucción de pruebas para mantener parte de la causa secreta. La sección quinta de la Audiencia de València ha avalado esta decisión defendida por el Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción ya que es «conocedora de lo que se está investigando porque se le ha remitido parte de la causa y ha confirmado todos los autos de prórroga del secreto de las actuaciones».

Anticorrupción apuntala la decisión de la magistrada en mantener el secreto por el hecho de que «ninguno de los investigados ha realizado acto alguno que indique una colaboración con la justicia». Aunque la Fiscalía deja la puerta abierta. «Los investigados pueden colaborar en cualquier momento y aportar las diligencias y documentos que tengan por conveniente». Aunque ante los insistentes recursos para conocer la causa, el Fiscal Anticorrupción del Caso Erial responde a los letrados de las defensas que «no cabe confundir la investigación oficial con la particular del investigado, pues los legítimos intereses son distintos: uno es tributario de la realización de la justicia, el particular no. Y ambos son legítimos».

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