La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, presentó ayer en la Universidad de Alicante ante más de 800 personas la nueva ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, la normativa social estrella de la conselleria que dirige y que le valió ayer como reclamo electoral en la provincia de Alicante para dar visibilidad a su trabajo a menos de cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas. La ley tiene claves novedosas que ayer Oltra se encargó de explicar a profesionales del sector, concejales y alcaldes del área de Bienestar Social y ante la diputada provincial de Bienestar Social, Carmen Verdú, precisamente una institución que necesesariamente tendrá que colaborar más con la Conselleria a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa una vez se publique oficialmente para arrancar.

De hecho, la vicepresidenta lanzó un claro mensaje a esta administración alicantina, presidida por el popular César Sánchez: «Habrá que hablar más entre administraciones desde la lealtad institucional», señaló tras una legislatura marcada por la falta de diálogo entre el dirigente del PP y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y un rosario de desencuentros entre el Consell y la institución provincial con duras batallas en los tribunales. Sí es cierto que Sánchez y Oltra se han reunido con motivo de las estructuras sociales de la provincia, pero la colaboración desde la Diputación no ha sido la suficiente para la Conselleria. Al acto, organizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social, acudió también la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima.

Mónica Oltra hizo un repaso de la situación de los servicios sociales en la Comunidad Valenciana durante los últimos años y matizó que la nueva ley se presentaba en Alicante porque «es, precisamente, donde pusimos en marcha las primeras leyes sociales». Explicó que la normativa organiza el sistema social con una estructura de estos servicios muy parecida a la sanitaria, ya que crea un bloque de atención primaria, un segundo blqoue de atención a enfermos crónicos, víctimas de violencia de género o acompañamientos y un tercer bloque destinado a las urgencias sociales. Además, fija las ratios de personas que como máximo atenderá cada profesional.

No hizo guerra directa contra el PP, pero sí habló de los «20 años a la cola» en servicios sociales -justo los que el PP estuvo en el gobierno autonómico- y subrayó que «ya se acabó lo de no poder atender a las personas por falta de disponibilidad presupuestaria». «Ya no se podrá ser un insumiso ante las necesidades sociales», dijo la vicepresidenta. Sutilmente comparó «los avances» de la nueva ley con lo que «hemos tenido en la Comunidad», que se convierte, dijo, «en la primera en declarar la atención social de interés general y esencial» para la sociedad. Añadió que la normativa quiere «profesionalizar» y «dar prestigio» a los profesionales que trabajen en el sector. Destacó la inversión «sin precedentes» «para el refuerzo de los equipos base». En la provincia de Alicante estas cantidades han pasado de 4,1 millones en 2015 a 19,9 millones en 2019. También precisó que en 2019 se destinaron a los ayuntamientos inversiones para reducir la ratio hasta un profesional por cada 2.502 de media en la Comunidad Valenciana, siendo en el caso de Alicante de uno cada 2.482 habitantes.