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Los alcaldes censuran a la Diputación y piden un sistema objetivo de distribución de ayudas

Los ediles aprovechan el informe de la Sindicatura de Cuentas para cuestionar el papel de la institución

Los alcaldes censuran a la Diputación y piden un sistema objetivo de distribución de ayudas

Alcaldes de pueblos que han recibido menos ayudas por parte de la Diputación entre 2014 y 2016, entre ellos Torrevieja, Dénia o Parcent según el Síndic de Comptes, cuestionaron ayer el sistema de reparto de fondos en la institución provincial. El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, aprovechó los datos del último informe del Síndic sobre la distribución de las subvenciones en las diputaciones para pedir la supresión de estas instituciones por «quedarse obsoletas y no tener sentido» y acusó a la corporación alicantina de conceder subvenciones de forma «electoralista» a asociaciones culturales, deportivas o festeras y de «instrumentalizar» las ayudas. Para Dolón, «parece mentira que la Diputación de Alicante tenga un vicepresidente de Torrevieja», señaló en referencia a Eduardo Dolón, que forma parte del gobierno del PP en la institución que preside César Sánchez.

A la tesis del primer edil torrevejense, de Los Verdes, se sumó el alcalde de Parcent, un pequeño municipio de la Marina Alta donde las ayudas de la Diputación por habitante desde 2014 a 2016 son de 229 euros, uno de los ratios más bajos en las localidadas de entre 500 y 1.000 habitantes. Para Máximo Revilla los municipios que no pertenecen ni al PP ni al PSOE «que son los que reparten el cotarro en la Diputación, salimos perdiendo». Recordó que él mismo oyó a la antigua presidenta de la Diputación Luisa Pastor, ya fallecida, decir que el reparto se hacía en función de la proporción de cada grupo en la institución. «Esto es un sistema mafioso. Mientras unos buscamos las ayudas a otros les llaman por teléfono para decirles que opten a la ayuda porque se la darán», indicó. Insistió en que estas instituciones «no sirven para nada». Este alcalde, de Compromís -formación que ha sido una de las que ha instado un cambio en el sistema de reparto en la Diputación de Alicante a través de criterios objetivos- criticó también los planes de obras sostenibles, ya que lo que sobra de las licitaciones «se lo queda la Diputación», apostilló el primer edil de Parcent.

Algo más benévolo se mostró el alcalde de Dénia, el socialista Vicent Grimalt, pendiente de que este año la Diputación reparta ayudas para este municipio en un plan de obras para reurbanizar varias calles. Recordó que la institución asfaltó un tramo desde su localidad hasta La Xara y aplaudió esta obra, pero insistió en el argumento socialista de que la Diputación debería formar parte del Fondo de Cooperación del Consell, ya que supone un reparto de fondos que cada municipio puede invertir en lo que considere. Desde la Diputación rechazaron entrar en el debate y ofrecer su versión sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas.

Mientras tanto PSPV y Compromís ratificaban ayer en València que no darán el visto bueno a la ley de Podemos para vaciar de contenido las diputaciones, aunque se excusan en la fórmula empleada por los morados para su debate en el pleno autonómico. Las Cortes Valencianas abordarán la próxima semana la proposición de ley de los morados, pero sus socios votaron ayer contra la lectura única, fómula con la que Podemos llevará la norma a las Cortes para acelerar su tramitación, lo que ha sentado mal a los de Estañ. El Consell ya descartó presentar una legislación propia sobre este asunto.

El Consell anuncia 240 millones en ayudas para localidades en riesgo de despoblación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer un programa de ayudas de 240 millones de euros en el periodo 2019-2023 para los municipios de la Comunidad en riesgo de despoblación y del que se beneficiarán 31 pueblos alicantinos. En total, recibirán estos fondos 140 ayuntamientosde la Comunidad y otros 35 con problemas financieros. Para ello el Consell prepara un nuevo decreto ley, ya en exposición pública, para el reparto de subvenciones o materializarse en liquidez mediante la compra de activos municipales, con la opción de recuperarlos en cinco años. Esta norma, según Puig, surge de la voluntad de la Generalitat de ayudar a los ayuntamientos «que están en peores condiciones» y así «mantener abiertas las residencias y centros de día, servicios educativos y culturales o instalaciones deportivas.

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