El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho un llamamiento a los parlamentarios valencianos en el Congreso de los Diputados para que "voten en función del interés general de los valencianos más allá de la cuestión ideológica" y apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que "llevan una importante dotación de más de 1.000 millones de euros para la Comunitat".

Puig se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación, al ser preguntado por si al Consell le "preocupa" la enmienda a la totalidad que presentará ERC contra las cuentas del Gobierno.

Al respecto, el jefe del Consell ha afirmado este extremo y ha señalado que "hay preocupación" porque, a su juicio, se trata de unos presupuestos que "mejoran la vida de los ciudadanos en general y de los valencianos específicamente" y, por tanto, ha manifestado que es "un motivo de preocupación que se anuncien enmiendas a la totalidad".

Por ello, se ha dirigido a los diputados valencianos " de todos los partidos" en el Congreso para pedirles que "pongan por encima de todo el interés general de los valencianos". A su juicio, los parlamentarios de la Comunitat deben "intentar poner por encima el interés general de los valencianos más allá de la cuestión ideológica", porque "después ya votarán a quien corresponda".

Para el 'president', "en estos momentos es mejor para los valencianos que salgan estos presupuestos que llevan una importante dotación de más de 1.000 millones de euros para la Comunitat" a que se mantengan los anteriores del PP que eran "sensiblemente inferiores con 450 millones menos".

Por tanto, ha insistido en que para los valencianos es "muy importante" que estos PGE se aprueben. "Cada uno puede hacer lo que quiera desde su libertad, pero yo desde luego quiero hacer un llamamiento a los diputados valencianos para que voten en función del interés general de los valencianos", ha zanjado.

MUNICIPIOS EN RIESGO DE DESPOBLACIÓN

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado por otro lado un programa de ayudas de 240 millones de euros en el periodo 2019-2023 para los municipios de la Comunidad en riesgo de despoblación (140 ayuntamientos) y con problemas financieros (otros 35).

Estas ayudas se articularán a través de un decreto ley, que ya está en exposición pública, y podrán ser subvenciones o materializarse en liquidez mediante la compra de activos municipales, con la opción de recuperarlos en cinco años.

Esta norma garantizará la prestación de servicios públicos municipales y surge de la voluntad de la Generalitat de ayudar a los ayuntamientos que están en peores condiciones, según ha explicado el president de la Generalitat durante la presentación de la Estrategia Juntament, de colaboración entre la Generalitat y ayuntamientos.

Esta estrategia está integrada por los programas que se han puesto a disposición de los ayuntamientos durante el Gobierno de la Generalitat: Edificant, Avalem Territori, XarxaLlibres, C+T (Cultura y turismo) y el Fondo de Cooperación Municipal.

Ximo Puig ha destacado que estos programas marcan la hoja de ruta "correcta" para superar las desigualdades entre personas, entre territorios y entre comarcas, y persiguen lograr "las mayores cuotas de prosperidad social". Hasta la fecha la Generalitat ha destinado en esta legislatura 1.218 millones a los ayuntamientos.

Sobre las ayudas a los municipios en situación de emergencia social por despoblación, se trata de evitar que para muchos ayuntamientos pequeños o de baja densidad de población sea un problema mantener abiertas residencias de la tercera edad y centros de día, servicios educativos y culturales como escuelas infantiles, instalaciones deportivas o culturales y otros servicios necesarios para los ciudadanos.

En el caso de los municipios con problemas económicos -aquellos cuya carga financiera supera el 110 % de sus ingresos corrientes-, las medidas del decreto ley permitirán la reducción de la carga en un periodo de cinco años mediante ayudas, con la posibilidad de comprar activos municipales con la opción de que puedan recuperarlos una vez superen las dificultades financieras.

El decreto ley estará aprobado antes de dos meses, ha indicado Puig, quien ha destacado la alianza con los ayuntamientos en un modelo de gestión de subsidiariedad y proximidad "sin favoritismos ni partidismos", frente a una época en la que se daban las subvenciones "en función del color político", algo que ha desaparecido con la Generalitat actual, ha indicado.

Preguntado por el papel de las diputaciones en este ámbito, Puig ha afirmado que deben ayudar a que los ayuntamientos expresen su acción de gobierno ya que son estos los que deciden, y ha señalado que las diputaciones de Valencia y Castellón colaboraron en el Fondo de Cooperación Local mientras que la de Alicante se negó y los ayuntamientos de esta provincia solo tienen el 50 % de los recursos.

Sobre el Fondo de Cooperación municipal, ha concretado que a medida que mejore la financiación autonómica se podrá incrementar este fondo.