04 de febrero de 2019
04.02.2019

San Vicente del Raspeig, uno de los municipios que más ayudas recibe de la Diputación

Recoge 2,5 millones, lo que supone 44 euros por habitante cuando la media de su tramo es de 19 euros

04.02.2019 | 16:10

Los municipios de València, Torrent, San Vicent del Raspeig y Albocàsser son los que más ayudas para inversiones reciben de las diputaciones, que conceden una ayuda media por habitante de 99 euros en el caso de la provincia de Valencia, 52 en Alicante y 51 en Castellón.

Así lo recoge el informe de auditoría operativa sobre las inversiones efectuadas por las diputaciones en las entidades locales en los ejercicios 2014/2016 elaborado por la Sindicatura de Comptes y que ha sido publicado este lunes.

En el periodo se han contabilizado 396 millones de euros de ayudas ejecutadas en la Comunitat, con 267 millones en Valencia, 99 millones en Alicante y 30 en Castellón, que representan un 19,5 % sobre el total de gastos de la Diputación de Valencia, un 16,1 % en el caso de Alicante y del 8,2 % en Castellón.

El informe señala que existe equidad en la distribución de ayudas con las excepciones de los municipios de València (8,8 millones) y Torrent (4,2 millones), los de mayor población, en una diputación que da prioridad a grandes municipios a diferencia de otras y que otorga a Xàtiva 4,2 millones, 144 euros por habitante frente a la media de 91 euros de su tramo de población.

En la provincia de Alicante, el que más recibe es San Vicent del Raspeig (2,5 millones), con 44 euros por habitante cuando la media de su tramo es de 19 euros; y en la de Castellón es Albocàsser, 1,8 millones y 1.325 euros por habitante, con 162 euros de media de su tramo de población, aunque en general en Castellón se priorizan los municipios de menos de 5.000 habitantes, que reciben en el 87,7 % de las ayudas.

Según el informe, se diferencian dos modelos de gestión de planes provinciales en las diputaciones: por una parte Alicante, que reparte ayudas por mayor importe a un menor número de entidades solicitantes (el 46,9 %) con criterios de distribución genéricos, y por otra Castellón y Valencia, donde todos los solicitantes son beneficiarios y son ellos los que adjudican los contratos sin apenas bajas de adjudicación, al no contemplar el criterio precio en la mayoría de los casos.

En Castellón, las ayudas son de menor cuantía y están muy repartidas entre los solicitantes, con criterios objetivos; Valencia aplica una fórmula no publicada, ni actualizada, y en ambos casos en los contratos adjudicados por los beneficiarios se producen casos de fraccionamiento del objeto contractual.

La Diputación de Alicante adjudica casi todas las obras con criterios objetivos y bajas significativas y sin fraccionamiento, con cierta demora en la ejecución por modificados, retraso en la aprobación del proyecto y otras causas. El plan provincial de 2018 prevé que las obras sean contratadas por los municipios de población superior a 10.000 habitantes, lo que puede suponer que se pierdan las ventajas de este modelo, según advierte la Sindicatura.
El análisis también hace referencia a los planes provinciales de obras y servicios entre 2014 y 2015, que en ese periodo dieron 62 millones de ayudas (34 en Valencia, 20 en Alicante y 8 en Castellón), pero presentan unos objetivos genéricos y carecen de indicadores.

En Alicante, los criterios de distribución de fondos son genéricos y no ponderados, en Castellón son objetivos (población, número de núcleos y otras convocatorias) y en Valencia se basan en una fórmula polinómica de 1996, no detallada en las bases ni publicada en Boletín Oficial. Estos criterios se pueden eludir a través de la concesión de ayudas directas o de otras convocatorias.

En cuanto al porcentaje subvencionado, en Alicante es entre el 45 % y el 95 %, con una opción especial para obras de importe elevado; en Castellón, entre el 55 % y 95 %; y en Valencia, en la mayoría de los casos se financia el 100 %.

Las solicitudes rechazadas ascienden al 53,1 % en Alicante, pero en Castellón y Valencia no hay prácticamente ninguna.

La Sindicatura recuerda a la Diputación de Valencia que los plazos de ejecución previstos en las bases deben ser realistas, dado el elevado índice de prórrogas.

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